Como explica el responsable provincial de la Administración Autonómica de CSIF, Antonio Sánchez, hay oficinas en la provincia en los que el trabajo se hace casi imposible, incumpliendo la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, por la endémica falta de espacio, el incremento constante de usuarios y de servicios que se ofrecen, el escaso mantenimiento de algunas instalaciones. No se entiende que la Junta de Andalucía destine tanto dinero a medidas de dudosa eficacia como los masivos expedientes de regulación de empleo (ERE), las ayudas a grandes empresas como Delphi o las multimillonarias inversiones en fundaciones como Faffe que no se sabe dónde van a parar, escapando a cualquier control, mientras la misma Administración andaluza no es capaz de dar a las oficinas del SAE el espacio y los recursos que requiere este importante servicio al ciudadano. La demanda de empleo, con la crisis, ha aumentado de manera exagerada, los servicios que asumen los SAE también crecen (ocupando mayor espacio físico dentro de sus sedes), pero las oficinas son las mismas que hace años y cuentan con un personal que no cumple las necesidades marcadas en las relaciones de puestos de trabajo (RPT).
Ya en 2008, la Junta de Andalucía estableció la necesidad de readaptar estas oficinas para mejorar el servicio público. Sin embargo, vemos que, hoy día, hay asociaciones de vecinos y de otros colectivos que tienen mejores sedes sociales que muchas oficinas de empleo de la provincia.
La oficina de la avenida de Andalucía, en la capital gaditana, el espacio es tan reducido que resulta insalubre tanto para los usuarios como para la plantilla. El ruido es excesivo y la intimidad del usuario se ve constantemente violada por la evidente falta de espacio.
En La Línea, por ejemplo, hay denuncias por la presencia de insectos en los conductos de aire de su oficina de empleo. Tanto en Bornos como en San Fernando, el espacio que hay para atender a los ciudadanos es tan pequeño
