El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha exigido al Gobierno central un fondo de compensación para los ayuntamientos después de que el Tribunal Constitucional haya declarado nulo el impuesto municipal de plusvalías.
Además, ha reclamado al Ejecutivo una “solución legal urgente que nos ofrezca certidumbre a los ayuntamientos. Hemos afrontado solos la pandemia, a nuestra deriva, hemos devuelto impuestos por valor de medio millón de euros, hemos suprimido el impuesto de mesas y sillas durante el segundo semestre de 2021, hemos anunciado y resuelto ayudas directas por valor de 300.000 euros a los afectados por el cierre durante la pandemia, entre otras medidas, pero además hemos congelado tasas e impuestos municipales para el año 2022, sin recibir ni un solo euro del Gobierno central y ahora llega la inacción con la plusvalía”.
Por su parte, la concejal delegada de Hacienda, María Solanes, ha afirmado que “es un escandalazo. Los ayuntamientos no podemos aprobar un presupuesto para el 2022 en estas circunstancias. Hace tres años el Gobierno de Mariano Rajoy ya dejó en tramitación parlamentaria un proyecto de ley que afectaba a este impuesto de plusvalías y que pretendía dar seguridad jurídica en la gestión de ese tributo. En el departamento de Gestión Tributaria del Ayuntamiento hemos estado trabajando estos tres años haciéndonos eco y adaptándonos a sentencias y no con normas”.
“El Gobierno durante tres años no ha hecho nada y ahora, el Constitucional acaba de declarar nulo el impuesto, lo que supone un impacto directo sobre el Ayuntamiento de Algeciras de aproximadamente 3 millones de euros”, explica la edil, aunque añade que “a pesar de ello no seremos de los más perjudicados, puesto que de la mano del alcalde hemos hecho los deberes y se han venido aplicando medidas para minimizar este impacto”.
Entre esas actuaciones que han sido llevadas a cabo se encuentran la reducción de la plusvalía en un 25 por ciento en el año 2013; en 2015 y 2016 fueron actualizados a la baja los valores catastrales en casi un cuarenta por ciento, y en 2018 se realizaron incorporaciones mortis causa, con hasta un 90 por ciento de bonificación en este impuesto, por lo que desde 2011 hasta 2021 el pago se ha visto reducido en un 56 por ciento.
Landaluce y Solanes exigen una solución legal al Gobierno de Pedro Sánchez, que permita tener certidumbre sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora con el impuesto de plusvalía, al tiempo que el primer edil reclama también al Ejecutivo un fondo de compensación que permita recuperar “los ingresos que vamos a dejar de percibir porque el Gobierno tenía que haber dado una respuesta y no ha aprobado en estos tres años la ley que llevó el PP al Parlamento”, ha manifestado.
