Los profesionales de las Escuelas Infantiles Públicas entendemos que el sentido de los convenios con Centros Privados se ha pervertido, haciendo que aquello que siempre debe ser subsidiario y provisional en una oferta pública suficiente y de calidad, se convierta en objetivo principal de una Administración Educativa que contempla LA EDUCACIÓN (Derecho Fundamental) como “actividad complementaria” al servicio de la conciliación de la vida laboral y familiar.
CGT defiende una real conciliación que se sustenta en que padres y madres tengan más tiempo libre para vivir en familia. El aparato del estado apoya la sobreexplotación de trabajadores y trabajadoras “facilitando” mediante la “guardería” de sus hijos e hijas, que estos dediquen más tiempo al trabajo, en beneficio de las empresas que de esta forma obtienen más horas de dedicación a sus intereses. Por otro lado el derecho de los niños y niñas de vivir con su familia todo el tiempo posible queda reducido a un internamiento durante muchas horas de sus tiernas vidas en instituciones guarderías que por mucho que se quieran no pueden aportar todos los elementos esenciales para una saludable desarrollo de la personalidad de los infantes. La educación Infantil es un complemento de la educación familiar nunca un sustituto.
Además CGT DENUNCIA una política economicista que no tiene en cuenta a las niñas y niños que dan su primer paso en el sistema educativo; en una etapa fundamental en el desarrollo de las personas, como viene avalado en innumerables estudios y en la Ley Orgánica de Educación. Todo, papel mojado cuando observamos la realidad: Escasez de Centros Públicos, aumentos de alumnos/as en las aulas, no sustituciones de los profesionales que se encuentran en baja laboral, eliminación de comedores propios en los Centros, contrataciones de personal fuera de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen las Administraciones Públicas.
DENUNCIAMOS el negocio que se está haciendo de la Educación Infantil ante la necesidad que tienen las familias, y el apoyo a este “negocio” desde la Junta de Andalucía. No sólo no se están garantizando unos servicios de calidad a la Comunidad, sino que las propias familias tienen que hacer frente a precios que muchas veces no pueden pagar.
