Antonio Fernández, a las puertas de los juzgados de Sevilla
TCAM-ANDALUCÍA/M.P.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El pasado 24 de abril, la juez Alaya ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del exconsejero de Empleo de la Junta.
La juez ordena embargar cuentas de Guerrero y otros 16 imputados
La juez que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía ha decretado el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias de 17 imputados en la causa, destacando el caso del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para quien ordena el embargo de cinco cuentas y de sus bienes a fin de cubrir los 686.190.686,36 euros que le impuso como fianza de responsabilidad civil.
Por medio de una providencia dictada el 16 de abril pasado, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dio a Guerrero un plazo de diez días para que designara los bienes de su propiedad que pudieran ser embargados para hacer frente a la fianza civil, pero Guerrero dejó transcurrir el plazo sin designar ningún bien, lo que unido a que tampoco ha consignado cantidad alguna ha llevado a la magistrada a decretar el embargo referido.
Así, y en un decreto dictado el pasado 10 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora dice que “no consignando bienes ni consignado ninguna cantidad”, procede el embargo de las cuentas corrientes de que sea titular y de los inmuebles que, “tras su búsqueda, sean hallados, por los importes que quedaren en su caso por cubrir a la vista del resultado del embargo del saldo de las cuentas corrientes”. Es decir, que la juez embargará sus bienes en el caso más que probable de que las cuentas no contengan los 686 millones de fianza.
De este modo, la magistrada ordena que se expida un mandamiento al Registro de la Propiedad de Índices de Madrid “a fin de que informe de los bienes inmuebles que figuren como propiedad” de Francisco Javier Guerrero, que se encuentra interno en la cárcel de Sevilla-I desde el pasado día 10 de marzo.
Carmen García Sánchez, dueña de Río Grande
Destaca también el caso de Carmen García Sánchez, dueña de Río Grande, a quien la juez impuso una fianza de 1.990.689,36 euros, confirmada por medio de un auto en el que la magistrada rechaza el recurso de reforma interpuesto por la propia imputada, pues entiende que la ayuda pública para la prejubilación de los trabajadores de la empresa se obtuvo de manera “ilícita” y “en claro detrimento del resto de los empresarios andaluces, pues ni ha sido solicitada ni era necesaria por tener recursos económicos suficientes para la prejubilación de sus trabajadores”.
Así, y respecto a la fianza impuesta, la instructora señala que “dado que ninguna cantidad se ha consignado en la cuenta de este Juzgado hasta la fecha, a pesar de los beneficios que al parecer produce la entidad”, procede el embargo de “la total participación íntegra” que la imputada posea “a día de hoy” en Río Grande, tras lo que además acuerda “la búsqueda de muebles inmuebles que completen la garantía”.
Asimismo, ordena embargar al exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, por valor de 33.870,15 euros, la finca de su propiedad ubicada en dicha localidad, mientras que también decreta el embargo de cuatro cuentas corrientes cuya titular es María del Carmen Fontela, ‘intrusa’ en el ERE de Río Grande pese a no figurar en la plantilla y a quien la magistrada impuso una fianza civil de 101.079,74 euros.
La suegra de Guerrero
Destaca también el caso de la propia suegra del exdirector de trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, a quien impuso una fianza civil de 258.539,91 euros y a quien ordena embargar cuatro cuentas bancarias después de que fuera incluida en el ERE de SOS Cuétara a pesar de que nunca había trabajado en esta empresa.
La juez, asimismo, ha dictado cuatro autos en los que resuelve los recursos de reforma contra la fianzas de responsabilidad civil impuestas a la dueña de Río Grande, Fontela, Antonio González Pérez -incluido en el ERE promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana ‘Saldauto’, a quien puso una fianza de 81.900 euros- y Rafael Ruiz, vecino de Córdoba, supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa S.A., y a quien impuso una fianza de 118.555,79 euros, de lo que ya ha sido consignado 54.990,03 euros.
Pues bien, en todos los casos desestima los recursos de reforma con la excepción de Rafael Ruiz, a quien impone finalmente una fianza civil de 48.288,76 euros.
Además de los decretos de embargo y de los autos resolviendo los recursos de reforma, la magistrada ha dado traslado este miércoles a las partes de dos tomos de las actuaciones -el 47 y el 48- con más de 1.000 páginas, con lo que el caso se compone ya de 18.507 folios.
