La orden de deribo fue emitida por el Tribunal Supremo en agosto de 2017, con un plazo de ejecución de tres meses. El Ayuntamiento esperó entonces al última día del plazo legal, en el mes de octubre, para alegar que los técnicos municipales no estaban capacitados para asumir la obra de derribo y que se exigía la contratación de una empresa especializada.
Ahora, transcurrido un año y medio desde que se inició el plazo de adjudicación para la obra, el Ayuntamiento ha logrado aprobar un aplazamiento de dicho proceso burocrático, una circunstancia que les evitará tener que asumir el derribo del parking antes de las próximas elecciones municipales.
