Las entidades resaltan que el presupuesto inicial para la construcción del nuevo CIE fijado en 17,2 millones de euros, más IVA, lo sitúa en una inversión de unos 20,8 millones de euros aproximadamente. Un importe que debería ser destinado a aquellas infraestructuras y servicios que realmente resultan necesarios para esta ciudad y, por extensión, para el resto de la comarca que, además, de manera reiterativa vienen siendo demandados por la población desde hace años. Nos referimos, entre otros a infraestructuras ferroviarias, autovías, refuerzo de personal en Justicia, en Educación, en Salud, para instalaciones y equipamientos de centros culturales, educativos, deportivos… mejora y refuerzo de las instalaciones de atención sanitaria… y también, la construcción de un albergue de titularidad pública.
Justificar la construcción de un CIE, como ha hecho el alcalde de Algeciras, argumentando que creará puestos de trabajo, es inaceptable. Teniendo en cuenta que Algeciras y la comarca se distinguen por la economía sumergida con un alto índice de paro, esos 20,8 millones de euros podrían ser destinados a políticas sociales y estructurales que sí que crearían puestos de trabajo y más estables, tan necesarios en los tiempos que corren.
“El alcalde de Algeciras ha argumentado también la necesidad urgente de este nuevo CIE porque el que tenemos tiene grandes “deficiencias”. Le recordamos al Landaluce que el CIE de La Piñera es ruinoso desde hace años y sigue abierto porque tiene licencia municipal. ¿No le preocupa tener a personal trabajando en unas instalaciones en estado de ruina y cuya potestad de cierre está en sus manos?”, lamentan.
En un reciente informe del Defensor del Pueblo que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP), tras visita realizada al CIE de nuestra ciudad en el año 2.019, vuelve a señalar que “Es posición mantenida durante los últimos años que ha de ser clausurado el CIE de Algeciras”.
Los CIEs son centros de detención destinados a personas migrantes que, en la inmensa mayoría de los casos, no han cometido ningún delito, que no son ni obligatorios ni necesarios, y que están en el punto de mira, de diversos organismos públicos y particulares, como lugares referentes en la vulneración de derechos humanos.
Tal como queda recogido en el reciente informe del Servicio Jesuita a Inmigrantes sobre CIEs, el número de internamientos que se produce al año en este país van en constante decrecimiento, no llegando el porcentaje de personas finalmente expulsadas al 60% del total de las personas encerradas en todos los CIES de España. Un porcentaje que resulta ínfimo si tomamos como referencia únicamente el CIE de Algeciras, y su anexo en Tarifa (ya hoy cerrado definitivamente y devuelto a la ciudadanía).
Durante el confinamiento por el estado de alarma sanitaria, los CIEs de todo el Estado Español han estado vacíos y cerrados. La desaparición de los internamientos con motivo de la pandemia no ha provocado caos ni conflictos en la convivencia social. Esta es una lección de la que podría aprender España y la Unión Europea a la hora de acabar con estos espacios de privación de libertad.
