Según el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes sobre la situación de los CIE, se redujeron en 2018 las personas internadas en los CIE un 11 por ciento -ingresaron un total de 7.855-, pero a la vez aumentó hasta el 58 % el porcentaje de expulsión y devolución desde estos centros.
Para esta ONG, se interna a migrantes en los CIE que pueden ser devueltos y se mantienen abiertos “de cara a la galería” y “para apaciguar a la opinión pública”.
“Los CIE son lugares de sufrimiento inútil para los migrantes, espacios en los que se vulnera sus derechos, lugares indignos para la vida, que incumplen el Reglamento de los propios centros y que no tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad” de las personas internadas, ha asegurado la coordinadora de esta ONG de los jesuitas, María del Carmen de la Fuente.
Por ello, desde el Servicio Jesuita a Migrantes se insiste en la urgencia de cerrar esos centros y piden una política migratoria que evite “ese sufrimiento” que ocasionan a los migrantes y la discriminación por origen que están realizando en el último año.
Del total de personas internadas, 7.855 personas, el 98 por ciento eran hombres. A casi ocho de cada diez se les abrió expediente de devolución por entrada ilegal en el país.
Es diferente la situación de las 179 mujeres internadas en 2018, ya que se les abrió expediente de devolución al 40 por ciento.
El informe también detalla, con datos de Interior, que 89 menores fueron internados en los CIE, porque no se detectó su minoría de edad, frente a los 48 de 2017.
Además, desde esos centros se cursaron 1.776 solicitudes de protección internacional, de las que el 30,6 por ciento fueron admitidas a trámite; la duración de la estancia en los ocho CIE -que puede ser de 60 días- se redujo hasta los 26 días.
El informe incluye la cifra total de repatriaciones forzosas (suma de expulsiones y devoluciones) en 2018, que fue de más de 31 personas al día durante 2018, 11.384 personas, un 22 por ciento más que el año anterior.
Destaca que desde los CIE se duplicó ese porcentaje de personas expulsadas y devueltas forzosas. También aumentaron las ejecuciones de procesos de devolución, un 33 % más que en 2017.
Los equipos de la red visitaron en 2018 a 807 migrantes internos en cinco centros (Aluche -Madrid, Zona Franca-Barcelona, Zapadores-Valencia, Isla de las Palomas-Tarifa y La Piñera-Algeciras) y detectaron posibles vulneraciones de derechos, como la falta de detección de los menores o carencias en la asistencia legal.
“Los CIE deben ser cerrados, son ilegales (no deben tener carácter penitenciario), es ilegítimo mantenerlos abiertos porque privan de libertad por infracciones administrativas, inmoral porque no les trata como seres humanos, sino como puros fardos destinados a devolverles a origen”, ha denunciado José Luis Segovia, capellán del CIE de Aluche.
Para Josep Buades, autor del informe, se mantienen los CIE “por prevención general, por dejar claro que no hagas esto o verás las consecuencias” y para “apaciguar a la opinión pública” y a los discursos de extrema derecha que hablan del peligro de una invasión de migrantes.
En el informe se siguen documentando casos de menores extranjeros que no deberían estar en los CIE, sino en centros de menores, y a los que se determina su supuesta mayoría de edad con pruebas poco concluyentes.
