Una infraestructura que acumula décadas de retraso y que si ya era incomprensible hace 25 años, la lucha contra la emergencia climática la convierte en inaplazable para la transición verde a la que se ha comprometido España con la UE.
Hace más de 70 años, el Banco Mundial y el Club de Roma aconsejaron a las autoridades franquistas la construcción de una infraestructura de transporte que corriera paralela a la costa del Mediterráneo. Vieron la potencialidad de este corredor industrial, agrícola y turístico. La receta para salir de la autarquía era sencilla: generar una vía rápida por la que entraran turistas y salieran mercancías. La respuesta de la dictadura fue hacer una autopista de pago. Es decir, se optó por una carretera financiada por el capital privado. El resultado ha sido espectacular. Desde la huerta murciana y el campo valenciano hasta las industrias de la conurbación de Barcelona, este corredor ha sido durante décadas motor económico de España, tanto por lo que se refiere a la exportación (calzado, juguetes, cerámica, muebles, etcétera) como al turismo, ambos imprescindibles para equilibrar una balanza de pagos cada vez más descompensada por la compra de combustibles. Durante este tiempo, este pulmón económico ha tenido la fuerza suficiente para ser competitivo, pagar la infraestructura que utilizaba y hacer una contribución neta a la contabilidad nacional. Mientras, el Estado ha utilizado los recursos públicos para reequilibrar el crecimiento económico desviando los fondos estructurales europeos de los años 80 y 90 a construir carreteras gratuitas, primero, y líneas de alta velocidad para pasajeros, después, en otras zonas económicamente más desfavorecidas. Con la mirada en el mapa de España del siglo pasado podía tener todo el sentido como política de transferencia de rentas entre territorios. No se trata, pues, de juzgar el pasado con los ojos del presente. Sino de mirar al futuro.
La España del siglo XXI tiene que afrontar el reto de la transición digital y de la energética. Y en ambos casos, el corredor ferroviario del Mediterráneo es una urgencia que no puede esperar. Las empresas de esa zona tienen que conectarse con Europa de manera competitiva y sostenible y eso pasa por una apuesta firme por el transporte ferroviario, especialmente de mercancías, pero también de viajeros. La reducción de la circulación de vehículos es imprescindible para cumplir con las reducciones de emisiones, pero también para ganar competitividad y conectividad en tiempos de globalización.
La Asociación Valenciana de Empresarios lleva décadas liderando esta reivindicación que ha sustentado en datos, estudios y propuestas razonadas y razonables. Su representatividad debería ser suficiente para sensibilizar a las autoridades, pero también a los técnicos, del Estado. No se trata de una pataleta autonómica ni del regateo territorial de un grupo parlamentario en los Presupuestos. Se trata de un asunto de Estado, de qué tipo de España queremos construir. Reequilibrar el territorio es un principio recogido en la Constitución, pero también lo es garantizar el progreso y la creación de riqueza, imprescindible para repartirla después. No estamos ante ningún agravio, sino ante un acto de justicia tal como lo definió Aristóteles: tratar diferente a los diferentes.
