Los ecologistas destacan que Cepsaya ejecutó las obras que implicaban desmontes, movimientos y gestión de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación Fondo de Barril, y que estas actuaciones “conculcan el propio Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, además de las normas sectoriales en materia de flora, fauna y hábitats”.
Asímismo, aseguran que es a raíz de la denuncia de Verdemar en agosto de 2019 cuando el Ayuntamiento de San Roque efectuó las pertinentes inspecciones que terminaron en sanciones” y que “con reacción a la gravedad de los incumplimientos descritos, Cepsa inició los trámites tendentes a legalizar ambientalmente, a posteriori, todos los movimientos de tierra, su gestión y viales realizados en el área CP2-PEI Suelo Urbano”.
Por ello, Verdemar considera que “es improcedente evaluar a posteriori las afecciones ambientales” y que a los impactos reseñados “habría que sumar las probables afecciones a los yacimientos arqueológicos presentes en todo el área”.
Para el grupo conservacionista, “Cepsa juega a aprendiz de brujo y se permite afirmar, en el seno del expediente de referencia, que con ocasión de los movimientos de tierras adicionales que sean precisos para la implantación del proyecto Fondo de Barril se respetarán, como se ha venido haciendo hasta el momento, las previsiones sobre protección del patrimonio histórico en relación con los vestigios arqueológicos que, en su caso, estén presentes en la zona”, cuando son “tales movimientos de tierras adicionales que ya se han llevado a cabo los que han motivado su suspensión cautelar”.
Fondo de Barril
Verdemar insiste en que mpliar las instalaciones de la petroquímica Cepsa representa “un ataque a la línea de flotación de la Estrategia de la Comisión Europea presentada en 2016 y denominada paquete de invierno, Energía limpia para todos los europeos, que se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y directivas”, con objetivos como un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.
“No se entiende cómo un proyecto fosilífero anclado en el pasado puede compatibilizarse con esta Estrategia comunitaria. El PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España, tiene como objetivo avanzar en la descarbonización, sentando unas bases firmes para consolidar una trayectoria de neutralidad climática de la economía y la sociedad en el horizonte 2050”, afirman.
“La Transición Justa se aplicó inicialmente a las cuencas mineras de carbón afectadas por el cierre, posteriormente a los municipios con sus centrales térmicas de carbón también afectadas. Es hora de que esta Transición Justa se aplique también en zonas y comarcas afectados por la irreversible descarbonización industrial, como es el caso de los complejos petroquímicos”, concluyen.
