“Seguimos denunciando el desconocimiento generalizado de las administraciones y Protección Civil sobre los riesgos y peligros potenciales a los que una parte significativa de la población cercana a los polígonos industriales pesadas se haya expuesta”, señalan.
Los ecologistas aseguran que esta falta de información es fruto de la falta de cumplimiento de las obligaciones informativas contraídas por las administraciones públicas y las empresas de la zona.
Por ello, y a colación de los últimos accidentes registrados en las plantas de Tarragona y Puente Mayorga, denuncian la “dejación de funciones” de la figura legal que corresponda, ya que “no ha habido ni se han puesto en marcha los mecanismos de consulta a la población que marca la ley, ni se han puesto en marcha campañas informativas de ningún tipo, ni se ha comunicado a niadie la puesta en vigor de los Planes de Emergencia Exteriores y el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, ni se han implantado sistemas de avisos que se conozcan”.
Al contrario, consideran que los planes de emergencia “no han servido” y no han impedido que “las industrias peligrosas crezcan encima de la población”.
“A veces nos encontramos situaciones en poblaciones entorno a la Bahía de Ageciras de total impunidad hacia los vecinos que tienen que soportar ruidos, humos, vertidos procedentes de las industrias y nadie atiende a las Directivas Europeas como marca la Ley. No hay vías de comunicación de emergencia, existen fugas de hidrocarburos y otros escapes persistentes sin que se tomen medidas definitivas”, apunta.
Igualmente, ponen el acento en que los Planes de Emergencia Exterior y Plan Territorial de Emergencia de Andalucía de los polígonos de Guadarranque y Los Barrios “son desconocidos por la mayoría de la población, aunque tanto la Consejería de Gobernación como los Ayuntamientos implicados tienen la obligación de darlos a conocer, ya que de esta manera podremos saber al fin si las medidas y campañas previstas por la ley han sido adecuadamente recogidas y, lo que no es menos importante, podremos exigir su cumplimiento inmediato”.
“La población no conoce la extensión y alcance de las zonas de intervención y alerta, así como si están adecuadamente trazadas (aunque esta es una cuestión mucho más técnica); pues muchas de las medidas de protección e información dependen de que haya o no núcleos de población incluidos, sobre todo en la primera de ellas”, denuncian.
Además, consideran que es “evidente” que “estamos en mano de grupos de presión, pagados por las industrias y ello conlleva la dificultad de que estas denuncias se hagan públicas”.
Riesgos
Sobre los riesgos potenciales a los que se enfrenta la población del Campo de Gibraltar, recuerdan que las industrias de la Bahía producen gases del aire, acero inoxidable (711.938 toneladas), gases industriales, el tráfico de mercancías del puerto de Algeciras (más de 100 millones de toneladas), derivados del petróleo (13,9 millones de toneladas), productos petrolíferos almacenados en tanques (más de 200.000 metros cúbicos), gas natural y una central de ciclo combinado más otra de gas, la térmica de carbón, la fábrica de ácido teraftálico de Indorama (que salió ardiendo este verano) y la fárica de plásticos de Estman.
A todo ello añaden que las emisiones contaminantes son de 6.546.445 toneladas de CO2, 5.289 tn. de NOx, 4.374 tn. de SOx y 362 tn. de partículas.
Dentro de las partículas, diferencian por tamaños y por composición. Las PM2,5, menores de 2,5 micras, son las más peligrosas, al ser capaces de superar la barrera pulmonar y acceder directamente al sistema cardiovascular. Y en el caso de la caracterización química, Jesús D. de la Rosa, uno de los mayores expertos en contaminación atmosférica, de la Universidad de Huelva, alerta de las anomalías en el Campo de Gibraltar de Vanadio, Níquel, Cromo, Cobalto y Lantano.
En cuanto a las partículas en la Bahía, señalan que son de 29,7% Tráfico Marítimo, 26% Industria Petroquímica, 26% Producción energía eléctrica, 7,33% Tráfico rodado.
