Según han explicado los ecologistas, el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CAOTU), reunido en este miércoles en Sevilla, ha informado favorablemente al PGOU. Por su parte, los representantes ecologistas en el Consejo recordaron que ya han recurrido “exitosamente” otros planes urbanísticos, como los de Jaén capital y el Plan parcial de Valdevaqueros en Tarifa.
En este sentido, Ecologistas en Acción ha informado que presentó un “detallado informe” en la CAOTU, realizado en base a las alegaciones que ha presentado Verdemar-Ecologistas en Acción, “demostrando la innecesaridad de los crecimientos urbanísticos previsto, el alto impacto de los mismos y la vulneración del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)”.
Además, ha asegurado que en el mismo Informe de Incidencia Territorial que presentó la Consejería, “se reconoce que el documento no contiene una documentación específica y diferenciada que valore adecuadamente la incidencia de sus determinaciones en la ordenación del territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras y servicios supramunicipales o recursos naturales básicos, por lo que no se entiende que pueda informarse favorablemente”.
Según Ecologistas en Acción, este avance del PGOU prevé un crecimiento urbanístico “desmesurado que vulnera el POTA, que determina que los nuevos crecimientos deben basarse en la tendencia seguida por parámetros objetivos, no pudiendo superarse el 40% y el 30% respectivamente en relación con los suelos urbanos y la población actual”.
Los ecologistas han argumentado que “en la última década el municipio de la Línea ha disminuido su población en un 2,02%, siguiendo la tendencia general del país, por ello, está manifiestamente injustificado y es ilegal plantear la construcción de 8.417 nuevas viviendas, lo que supondría 20.200 habitantes más, o sea, un 32% de aumento”.
Además, según los ecologistas, “el PGOU contempla la reclasificación a suelo urbanizable del Zabal a fin de regularizar la parcelación y edificaciones ilegales del área”. “Se reconoce que hay 1.206 viviendas ilegales, y no sólo no se adoptan ninguna medida para aplicar la disciplina urbanística, al menos en los suelos de especial protección, sino que se pretende legalizarlas todas y construir 1.027 viviendas más”, ha criticado Ecologistas.
Asimismo, ha advertido de que “se pretende recalificar para usos turísticos una parte importante del área incendiada en el verano del 2016 entre Santa Margarita y La Alcaidesa, concretamente en los parajes de Portichuelos, San Antonio y Gibraltar-Playa, vulnerando lo establecido en la Ley 43/2003 de Montes”.
Según los ecologistas, “se proponen usos turísticos de alta gama en la zona más alta, y urbanizaciones colindantes con la zona ya urbanizada de Venta Melchor y Santa Margarita”. “Todo ello a través de Planes Especiales de Interés Turístico en suelo no urbanizable”, han añadido los ecologistas, que han afirmado que “sorprende que el ayuntamiento pretenda ignorar la obligación legal de la restauración de los terrenos forestales incendiados”.
