El Tribunal Correccional de París decidió también la confiscación de los bienes amasados en Francia, cuyo valor en el momento de la investigación era de unos 90 millones de euros, y a los que se añadían otros 8,38 millones de bienes inmobiliarios que había vendido.
Los jueces consideraron a Rifaat al Asad, que tiene ahora 83 años y no acudió al juicio en diciembre alegando razones de salud, culpable en particular de los delitos de blanqueo en banda organizada y malversación de fondos sirios en un periodo que va de 1996 a 2016.
En su defensa, afirmaba que todos los activos que ha ido acumulando provienen de donaciones millonarias recibidas del fallecido rey Abdalá de Arabia Saudí entre 1980 y su muerte en 2015.
Fueron las ONG Sherpa y Transparencia Internacional, con sus denuncias en septiembre de 2013, las que estuvieron en el origen de la investigación en Francia.
Rifaat al Asad fue hasta comienzos de los años 1980 uno de los pilares del régimen sirio como jefe de las fuerzas de seguridad interiores y como tal dirigió la represión contra una insurrección islamista en 1982.
Se exilió una primera vez en Europa en 1984 después de haber intentado derrocar al entonces hombre fuerte del país, que no era otro que su hermano y padre del actual presidente sirio, Hafez al Asad. Aunque pudo volver posteriormente a su país, el régimen de Damasco lo proscribió definitivamente en 1998.
En paralelo a la investigación en Francia, la Justicia también ha actuado contra él en España, donde fue imputado en noviembre de 2019 y donde en 2017 se le incautaron 503 propiedades con una superficie total de 33 millones de metros cuadrados y de un valor estimado de 691 millones de euros.
También tiene confiscada, en el marco del procedimiento abierto por la Justicia francesa, una propiedad en Londres de un valor de más de 10 millones de libras.
Y hay otra investigación en marcha en Gibraltar, cuyas autoridades le requisaron oficinas y cuentas bancarias.