“Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques, amenazas de muerte, agresiones seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales de la Policía Nacional), en colaboración con la Policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento, que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija”, ha aseverado Maleno en un vídeo publicado este lunes.
En una rueda de prensa posterior, la portavoz del colectivo Caminando Fronteras -que ayuda a inmigrantes que se encuentran en dificultades en el mar durante su viaje a España- ha indicado que fue expulsada de Marruecos, donde ha vivido durante dos décadas, el pasado 23 de enero y que estuvo separada durante 32 días de su hija, con la que no le permitieron reunirse.
En concreto, ha detallado que el 23 de enero la Policía marroquí le denegó la entrada en el aeropuerto de Tánger -donde residía desde hace 20 años con su familia- y fue deportada en un vuelo a Barcelona: “Nadie me explicó lo que estaba pasando, el trato fue vejatorio, los gestos y empujones del personal de Air Arabia me indicaron que iba a ser deportada”, ha recordado.
Una deportación de la que “personal del Ministerio del Interior estaba al tanto” y que Exteriores, sin embargo, no tenía constancia, ha afirmado Maleno, que ha destacado los “esfuerzos” de ese departamento y de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por protegerla a ella y a su familia.
Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han asegurado a Efe que “ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional han tenido ninguna participación en este hecho”.
Con la voz entrecortada, Maleno ha relatado que tras su deportación empezó la pesadilla por la “angustiosa” situación en la que se quedó su hija de 14 años en Tánger, que salió del país un mes después “con una maleta y libros del colegio diciendo que se los traía para estudiar y que volvería a su casa”.
Maleno ha lamentado que a pesar de que dos procedimientos judiciales en España y Marruecos han reconocido que su labor en defensa de los derechos de las personas migrantes no es un delito, ha padecido años de criminalización, violencia y amenazas, tanto en carne propia como en la de sus familiares.
Unos procesos “torticeros, engañosos y repletos de falsedades”, según la activista, que ha detallado que en el dossier policial consta una “comunicación extraoficial” entre las policías española y marroquí en la que la UCRIF pide que “se investigue a una traficante de personas española que opera en Marruecos”.
“Cuando Marruecos contesta que no hay nada delictivo en mi trabajo, la Policía española envía el presunto dossier criminal, en el que califica lo que estoy haciendo y pide a un juez marroquí que se me condene a cadena perpetua”, ha añadido.
Preguntada por si Interior le ha dado algún tipo de explicación, Maleno ha dicho: “Interior jamás ha querido reunirse con nosotras, jamás nos ha dado una respuesta, jamás se ha pronunciado por esos dossieres y jamás nos ha escuchado”.
Y ha subrayado que pese a que su criminalización empezó con otro Gobierno, “los versos libres” dentro del Estado español “siguen en sus puestos de responsabilidad” y actúan “de forma impune”.
“Desgraciadamente las cloacas del Estado y sus actuaciones en la persecución de defensoras de derechos humanos tienen más poder”, ha lamentado la activista antes de exigir a los gobiernos de España y Marruecos que cesen en su persecución y la de su familia.
Ha reclamado además a las autoridades de los dos países que depuren responsabilidades dentro de sus instituciones y que reparen todo el daño que han causado: “Nos quieren calladas, no soportan vernos alzar la voz, no quieren que hablemos del negocio que hay en la frontera, nos quieren ver muertas, pero no nos vamos a callar”, ha aseverado.
Junto a Maleno, que ha admitido “sentir más miedo que protección” por parte de las autoridades españolas, han comparecido para mostrarle su apoyo la actriz Alba Flores, el presidente de SOS Racismo Moha Gerehou, y la coordinadora de Front Line Defenders, María San Martín.
