CGT, después de haber presentado escritos sin obtener respuestas tanto al alcalde, al delegado de Personal, al secretario general como a la Presidencia de la Junta de Personal del Ayuntamiento, pidiendo se anule el decreto de traslado y se iniciara una investigación por el presunto acoso laboral sufrido por esta trabajadora, además de haberlo puesto en conocimiento de los grupos municipales de la oposición, ha acudido a la Inspección de Trabajo, sin descartar acciones judiciales.
El convenio colectivo del Ayuntamiento de Algeciras dice expresamente en su artículo 55: “el traslado de los trabajadores requerirá la existencia de razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios públicos, debidamente justificados y será acordada en seno de la Comisión Paritaria. La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo de 15 días desde la presentación con carácter previo a la adopción de la resolución motivadora de la decisión. Con posterioridad a dicha reunión, la decisión adoptada habrá de notificarse -con pie de recurso- al empleado afectado y a sus representantes legales y sindicales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad”.
Además concurre que esta trabajadora se encuentra entre los grupos de riesgo contemplados por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la reciente Instrucción de la Secretaría General de Función Pública sobre Medidas y Líneas de Actuación en materia Prevención de Riesgos Laborales frente a la Covid 19 de cara a la reincorporación presencial del personal.
La citada normativa señala que para los trabajadores de los grupos vulnerables para el Covid-19 se debe valorar la posibilidad de adaptación del puesto de trabajo mediante la protección adecuada que evite el contagio, o bien la reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición en la misma empresa.
“Trasladan en 24 horas a esta funcionaria perteneciendo a un grupo vulnerable para el Covid-19, desde un departamento donde no existía contacto con el público a otro departamento donde la afluencia de público es numerosa, pasándose por el forro la legalidad anterior y además sin responder a los escritos no sólo de esta sección sindical, sino también a los escritos de un delegado electo de la Junta de personal, y a los escritos presentados por la propia trabajadora. Tampoco reciben en sus despachos, a esta trabajadora, ni el delegado de Personal, ni el alcalde, habiendo solicitado la compañera ser escuchada por ambos”, señalan.
“Es una dinámica habitual en el Ayuntamiento de Algeciras los traslados de empleados públicos de un día para otro, por discrepancias con el político o jefe de turno. La gravedad de la situación es que estos traslados se producen en su gran mayoría ante denuncias presentadas en defensa de los derechos laborales o de su salud laboral; o por denunciar que el jefe persiga intereses personales y no el interés general. Y esto ocurre lamentablemente ante el silencio cómplice de responsables políticos y presidencia de la Junta de Personal o comité de empresa”, manifiestan desde CGT.
El sindicato exige el cumplimiento de la ley y el convenio. “El Estatuto Básico del Empelado Publico además de mandatos legales contiene un código ético al que no podría someterse comportamientos como el que se denuncia y la falta de respuesta a los escritos presentados, ya que los políticos, altos responsables técnicos y delegados sindicales tienen que dar la cara, respetar los derechos laborales y dispensar un trato digno y respetuoso con las personas. Esta sección sindical defiende una Administración Local profesionalizada donde La salud de las personas trabajadoras y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía sean el foco que guíe las decisiones políticas”, concluyen.
