La reapertura del caso se produce con la citación del que fuera director general de la empresa Arcadio Mateo.
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press señalan que Mateo ha retomado su declaración donde la dejó hace meses, en 2019, y lo ha hecho a petición de su abogada para responder a preguntas sobre los efectos incautados en el registro de su casa.
Sobre las cantidades de dinero que se encontraron en dicho registro en sobres, este miércoles Arcadio Mateo ha explicado que lo guardaba así para atender a pagos a proveedores del negocio familiar, una pizzería. Además, ha afirmado que parte de ese dinero también iba destinado a la compra de un piso para su hija, que costó 800.000 euros.
Tras la declaración de Mateo llegarán otras, entre ellas la de la denunciante del caso, Azahara Peralta, que declarará ante el juez instructor la semana que viene. Además, también se avanza en la instrucción de la ‘rama’ del sur con obras realizadas en Algeciras.
Operación Frontino
Eloy Velasco, quien fuera el juez instructor del caso imputó en 2016 a los trece detenidos en la ‘operación Frontino’ la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por Acuamed.
Entre los investigados, se encuentran la ingeniera Gabriela Mañueco; el responsable de contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor; el responsable de proyectos en Valencia de esta empresa, Pablo Martín; y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman.
La operación ‘Frontino’ se dirigió también contra tres cargos de FCC, el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado (en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros), el directivo Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000).
Además, quedaron en libertad bajo fianza el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente (50.000); el director de proyectos de Altyum, José Ramón González (12.000); el presidente de Pipeline, Manuel Moreno (12.000); el delegado en Alicante de Altyum, Javier Delgado López (20.000) y el ingeniero David José Blanca (20.000).
Contratos investigados
En al Audiencia Nacional se investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed de obras a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo.
En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.
También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.
