El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación del Ayuntamiento algecireño sobre el aparcamiento La Escalinata, lo que significa que a partir de la fecha del auto, el pasado 18 de mayo, el equipo de Gobierno tiene dos meses para derribar la construcción puesto que la sentencia ya no es recurrible.
Desde Podemos Algeciras se piden responsabilidades políticas .
El portavoz de la agrupación municipal Algeciras Sí Se Puede (ASSP), Alejandro Gallardo, ha lamentado que “los desmanes urbanísticos de la época de Gobierno de PA y PP, que tanto daño hicieron a Algeciras, sigan causando un perjuicio al municipio y abochornando a los municipios con una interminable retahíla de sentencias judiciales”.
Sin embargo, Gallardo pone el acento en que “algunos de los políticos que tienen responsabilidad en esta ilegalidad urbanística, porque llevan toda su vida viviendo de la política, siguen en el Gobierno municipal, como es el caso del teniente de alcalde Luis Ángel Fernández”.En este sentido, Podemos pide que la resolución del Supremo, que era el último recurso que le quedaba al Ayuntamiento, no se quede sólo en la vía judicial, sino que suponga responsabilidades políticas para quienes, como Fernández, siguen ostentando una responsabilidad pública a día de hoy.
“Millonadas a los bolsillos de los algecireños”“
A pesar de que la oposición advirtió de la ilegalidad del proceso, Luis Ángel Fernández y sus entonces compañeros de Corporación siguieron adelante con un procedimiento urbanístico que ahora le va a costar cantidades millonarias al bolsillo de todos los algecireños y algecireñas”, afirma el edil.Por ello, Alejandro Gallardo considera que “no es justo que, en un Ayuntamiento que está al borde de la bancarrota, tengamos que soportar cómo los ciudadanos tienen que pagar de su bolsillo los desmanes urbanísticos de políticos que todavía les gobiernan”.Así, a las responsabilidades políticas, Podemos pide también responsabilidades patrimoniales para los gestores políticos que se encargaron de continuar con el procedimiento urbanístico, “y que sean ellos los que paguen de su bolsillo lo que les va a costar millones de euros a los algecireños y algecireñas”.
Concluye la formación morada preguntándose “cuáles son los motivos de que esta Corporación, en la que hay políticos del equipo de Gobierno que impulsó la construcción del parking, haya estado tan interesada en seguir eternizando el proceso judicial” y si “hay información que se esté ocultando a los ciudadanos durante todos estos años y que ahora puede darse a conocer”.
