IAM/Redacción El real decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, para regular la modificación del modelo de estiba español, no cumple con la principal demanda de los estibadores, prometida por el ministro de Fomento: garantizar el empleo de los actuales trabajadores.
Se convierte así en una más de las mentiras vertidas por el Gobierno desde el principio de este proceso. Primero fue la inminencia de la segunda multa sobre España, desde el 2 de febrero llevan escuchando que estaba al caer y, a día de hoy, no ha llegado. Después dijo, una vez derogado el primer real decreto ley, que, tal como había solicitado el resto de grupos parlamentarios en el Congreso, consensuaría la nueva norma con los agentes del sector, con los trabajadores y con la patronal. Expresó en numerosas ocasiones y foros que haría llegar el real decreto ley a las partes para que lo pudieran analizar y presentar alegaciones. Sin embargo, el texto se llevó a aprobación el pasado viernes sin que pudieran conocer su contenido, en una muestra más de autoritarismo y falta de respeto por quienes han convertido los puertos españoles en una industria próspera, motor de la economía del país. También aseguró que el primer real decreto era la única vía para responder a las exigencias del TJUE; ahora, una vez modificado el texto, parece que también se ajusta a sus requerimientos, por lo tanto, no hay una única solución jurídica, como llevan anunciando los trabajadores en todo este proceso, sino múltiples, que bien pueden estar pactadas. Reiteran los estibadores su voluntad de acatar la sentencia europea, como no puede ser de otra forma, pero que se haga desde el pacto y la conveniencia para todo el sector. Se ha demostrado que es posible.Así, en la tónica de palabras vacías, inconcreciones y arquitectura de lenguaje para no decir nada, se quedó también en el tintero otra de sus promesas: la garantía de empleo para más de 6.000 trabajadores. Una reivindicación justa a la que los trabajadores no renunciarán.Es cierto que, entendemos que fruto de la negociación con el PDCat, el nuevo texto ha avanzado en temas tan vitales para los estibadores como la formación, el mantenimiento de los ámbitos y ha eliminado el atropello que suponía el incentivo a los contratos de menos de siete días de duración. Aun así, lo entienden insuficiente, pues su principal demanda no está recogida en la norma, así como las condiciones de las empresas que podrán formar parte de los Centros Portuarios de Empleo, cuestión también vital para mantener la profesionalidad y estabilidad en el empleo.Además, los profesionales de la estiba definen como impresentable que se adjunte al real decreto ley el acta de mediación de Marcos Peña, un intermediario designado por el Gobierno que, en teoría, buscaba el acuerdo entre empresas y trabajadores y que, cuando se consigue, cambia de tercio y emite una mediación entre el Gobierno y los agentes del sector. Este documento, además, lo valoran como errático y desubicado, pues no recoge el tema vital de discusión, la subrogación de los trabajadores por ley, pero sí se mete en cuestiones puramente de negociación colectiva como son la composición de las manos de trabajo y la retribución de unos empleados de empresas privadas.Dada esta situación, lo estibadores se sienten, una vez más, engañados. Por ello mantendrán la huelga de ocho jornadas alternas –lunes, miércoles y viernes- en horas impares, prevista en el preaviso presentado el pasado sábado 13 de mayo, única alternativa legal que les queda, y trabajarán con el resto de grupos parlamentarios para que, de nuevo, rechacen esta iniciativa impuesta por el Gobierno, que esconde un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva. Con estas medidas de presión pretenden que el gobierno cumpla su palabra, ejerza su responsabilidad y se siente de manera directa a negociar para alcanzar un acuerdo que permita que se acate la sentencia sin despidos. Si no se aviene a cumplir aquello con lo que tantas veces se ha comprometido el ministro de Fomento será el único responsable del conflicto en los puertos. Además, los trabajadores exigirán a las empresas del sector el reconocimiento del trabajo de estiba y sus derechos.Finalmente, hacen un llamamiento a todos los sectores sociales para que compartan su lucha por unas condiciones de trabajo dignas, contra un proyecto político especulador, destructor de empleo y autoritario, que solo va en beneficio de las grandes corporaciones internacionales.
