IAM/Redacción La Comisión Europea ha subrayado que es “esencial” que España apruebe la reforma del sector de la estiba después de que este jueves el Pleno del Congreso rechazase el real decreto ley del Gobierno, al mismo tiempo que ha señalado no hay un plazo límite concreto pero que el recurso que ha presentado ante la justicia europea propone multas económicas que crecen por cada día que no se aprueba la reforma.
“A pesar del rechazo al decreto propuesto por el Gobierno, es esencial que España reforme el sistema de trabajo portuario, que no está en línea con la legislación europea. También es una cuestión de competitividad para los puertos españoles”, ha afirmado en una rueda de prensa este viernes la portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.“Invitamos a España a cumplir con la sentencia de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia (TUE) y con sus obligaciones como miembro de la Unión Europea”, ha remarcado la portavoz, para después añadir que Bruselas “está como siempre preparada para asistir a las autoridades españolas”.Itkonen también ha señalado que no existe una fecha límite “específica”, pero ha recordado que se trata de un procedimiento de infracción “en marcha” y que el recurso del Ejecutivo comunitario propone multas concretas hasta que España apruebe la reforma.La portavoz se refiere a las dos multas propuestas por Bruselas, sobre las que aún tiene que fallar la justicia europea. La primera de ellas impone una sanción diaria de 27.522 euros desde el día en el que el TUE declaró ilegal es sistema de trabajo portuario español, el 11 de diciembre de 2014. El montante acumulado hasta hoy por esta multa es de 22,8 millones.La segunda sanción supondrá, si es confirmada por el tribunal, una cuantía diaria de 134.107,2 euros desde el momento en que la justicia europea falle su segunda sentencia. En cualquier caso, se trata únicamente de propuestas de la Comisión Europea, que el futuro fallo del TUE puede modificar o confirmar.Además, la justicia europea todavía puede tardar unos meses en pronunciarse sobre el caso. Según los datos del propio tribunal, la duración media de los procedimientos es de 14,7 meses y el recurso de la Comisión Europea fue presentado en julio de 2015.De la Serna, “convencido” de que la reforma “saldrá adelante”.El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, manifestó su “convencimiento” de que la reforma de la estiba “saldrá adelante”, y para ello “retomará personalmente” los contactos con los distintos grupos políticos e “instará” a que se pueda alcanzar un acuerdo en el plano laboral entre empresas y sindicatos.“Vamos a ver si entre todos podemos dar un poco de cordura a esta situación”, señaló De la Serna en declaraciones a Onda Cero que recoge Europa Press.El ministro asumió la responsabilidad de lo ocurrido con Decreto Ley con el que el Gobierno ha intentado abordar la reforma y que el Congreso tumbó este jueves.“Se nos paga para estar a la altura y ejercer nuestra responsabilidad, y la responsabilidad es mía, no es de nadie más”, indicó. “Ahora tenemos desgraciadamente que afrontar el momento en que estamos sin el Decreto Ley”, añadió.En este sentido, De la Serna confió en que un próximo acuerdo entre patronal y trabajadores, tras el que “ya no haya problema para tramitar” un nuevo Decreto Ley.“Espero que haya responsabilidad por parte de sindicatos y patronal y se cierre el acuerdo”, indicó. “El Gobierno va a estar ahí porque, además, uno de los puntos de la propuesta de acuerdo que ha planteado es una comisión de seguimiento para garantizar que se cumpla el eventual acuerdo”, remarcó respecto a la petición de las partes y los grupos políticos de que el Ejecutivo se siente a negociar. “Es voluntad del Gobierno estar ahí”, insistió.En cuanto a la labor que le corresponde al Ejecutivo, la de promover un nuevo texto legal, indicó que el eventual nuevo Decreto Ley “es imposible que sea muy distinto” del que el Congreso rechazó, dadas las limitaciones que la Comisión Europea establece para garantizar que el régimen legal de la estiba cumpla con el derecho comunitario.Además, De la Serna recordó que el texto que tumbó la Cámara Baja ya contaba con el ‘visto bueno’ de la Comisión, dado que se ajustaba “estrictamente” a lo que indicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014.
