Sin embargo, para los empresarios la salida de la crisis ha supuesto importantes aumentos de sus beneficios, a costa de fragmentar el mercado laboral.
La disolución de las Cortes por la convocatoria anticipada de elecciones impedirá la aprobación de las normas no concluidas del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta reforma laboral, que los empresarios intentan frenar. Estas normas ya están aprobadas por el Consejo de Ministros, pero sin tener los apoyos cerrados, por lo que el Gobierno está convencido de que todo lo que lleve al Congreso en las próximas semanas debe estar muy calculado.
Por otro lado, la prórroga presupuestaria condiciona el crédito que necesitan los ministerios para financiar esas reformas. El Ministerio de Trabajo sigue negociando la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, pero para hacerlo necesita el acuerdo con los agentes sociales y los grupos políticos. El departamento que dirige Magdalena Valerio está decidido a modificar vía decreto las partes más dañinas para los trabajadores de la reforma laboral de Rajoy.
El Ejecutivo sostiene que no se trata de electoralismo, aunque las reformas legislativas de calado social o laboral que se aprueben a partir de ahora tendrán que pasar por la Diputación Permanente del Congreso a las puertas de la campaña electoral. Eso forzará a todos los partidos a retratarse ante asuntos sensibles, provocando su posicionamiento que será juzgado en las urnas el próximo 28-A.
El Gobierno considera que tumbar los decretos sobre igualdad laboral, vivienda y la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años, pasaría factura al resto de formaciones y precisamente por eso confía en sacarlos adelante con un “acuerdo total” en la Diputación Permanente. Órgano que se encarga de la actividad legislativa cuando el Congreso está disuelto.
PP y Ciudadanos han amenazado con recurrir algunas de las medidas ante los tribunales, pero el Gobierno no hará caso a estas amenazas. En su lugar, defenderá con ahínco las materias que llevará para su convalidación a la Diputación Permanente del Congreso, y pedirá el voto a todos los grupos parlamentarios, ahora con 33 posibles representantes a favor de Sánchez y 32 en contra.
Los números son muy ajustados y las urnas están muy cerca: un solo diputado puede decidirlo todo, pero si el PP y Cs siguen bloqueando los decretos, el PSOE denunciarán este bloqueo, al tratarse, según su criterio, de materias sociales y laborales de interés general. La fórmula será el real decreto ley, ya utilizado con profusión por el Gobierno de Pedro Sánchez en sus nueve meses de mandato, y previsto en la Constitución para supuestos en que concurra “una extraordinaria y urgente necesidad”.
Para reforzar su argumento, el Gobierno incide en que el problema de base ha sido que algunas de sus iniciativas han sido prorrogadas hasta 60 veces, con una fuerte carga de filibusterismo parlamentario del PP y Ciudadanos. La novedad de la corta legislatura de Pedro Sánchez, es que la Mesa del Congreso ha bloqueado la tramitación de 50 leyes a base de peticiones de prórrogas y enmiendas.
¿No es urgente aprobar un plan de contingencia para proteger los intereses españoles si se produce un Brexit sin acuerdo el 30 de marzo? Es una de las preguntas que lanza el Gobierno para justificar el decreto aprobado por el Consejo de Ministros la pasada semana, junto a otro sobre igualdad laboral -con ampliación de permisos de paternidad- y otro sobre alquiler. Y esta semana: la recuperación del subsidio de desempleo de los mayores de 52 años parados de larga duración e incrementar la prestación por hijo a cargo para luchar contra la pobreza infantil. Urgentes o no, estas medidas necesarias serán defendidas por el Gobierno forzando a los partidos a retratarse en plena campaña electoral. Así que la “suerte está echada”. Y ya no hay vuelta atrás. Todos a votar el 28-A, porque sí tu no votas, alguien votará por ti.
