La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras en el Campo de Gibraltar presentarán mañana jueves a las 11.00 horas en la sede de la ONCE las acciones que se están llevando a cabo a nivel nacional por parte de los sindicatos mayoritarios contra la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno Central el pasado mes de septiembre. La presentación se hará mediante sus máximos dirigentes en la zona, Ángel Serrano (UGT) e Inmaculada Ortega (CCOO) . Concretamente se dará a conocer la Iniciativa Legislativa Popular que pretende recoger las 500.000 firmas necesarias para que se tome a consideración un determinado asunto público, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, en este caso modificar el Decreto Ley de la Reforma Laboral. Campaña que comenzó hace una semana y que ya está recogiendo las primeras firmas.
En el artículo 87.3 de la Constitución se contempla la posibilidad -regulada por la Ley Orgánica 3/1984 por la que los ciudadanos pueden hacer propuestas respaldadas por un mínimo de 500.000 firmas, denominadas por ley ILPs (Iniciativas Legislativas Populares). Sin embargo, estas iniciativas, tienen una serie de limitaciones: no pueden reformar ley Orgánica alguna, ni regular materia propia de ley Orgánica, lo que excluye el Código Penal, los Estatutos de Autonomía, la Ley Electoral, la del Defensor del Pueblo, la del Tribunal Constitucional, la de Educación, la del Derecho de Reunión, la de Libertad Sindical, la de Libertad Religiosa, la de Partidos Políticos, etc… No pueden reformar ley tributaria alguna, lo que excluye la Ley General Tributaria, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley sobre el IRPF, la Ley del IVA, etc… No pueden reformar ley alguna de carácter internacional. Partiendo de dichas iniciativas no pueden elaborarse leyes referentes a la prerrogativa de gracia o al indulto, que según el artículo 62.i de la Constitución corresponde al Rey. Tampoco podrán reformar ni el Consejo Económico y Social, ni los parámetros de redistribución de la riqueza, la armonización entre regiones, o la planificación de la actividad económica; ni pueden proponerse para los Presupuestos Generales del Estado o en enmiendas a éstos.
