El dictamen, según informa un comunicado del CGPJ, contiene una única recomendación, referida a la conveniencia de que la norma especifique la fecha de puesta en funcionamiento de los nuevos órganos y que, “dada la urgencia que requiere la situación”, se fije para ello el 1 de enero de 2019.
El informe del CGPJ, preceptivo pero no vinculante, constata que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Gobierno la competencia para crear Secciones y Juzgados y que la Ley de Demarcación y Planta Judicial establece, asimismo, que el Gobierno podrá modificar el número y composición de los órganos judiciales.
En ambos casos, la competencia del Ejecutivo se condiciona a que no se altere la demarcación judicial y se establece la obligación de recabar informe del órgano de gobierno de los jueces y, en su caso, de la Comunidad Autónoma afectada.
En este caso, el proyecto de real decreto sometido a la consideración del CGPJ establece la creación de una plaza más de magistrado en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial con sede en Algeciras, así como de cuatro nuevos juzgados: el Juzgado de lo Penal número 5 y el Juzgado de Instrucción número 5, ambos en Algeciras; el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 en San Roque y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 en La Línea de la Concepción.
El informe constata que la finalidad de la creación de estas nuevas unidades judiciales es “dar una solución a un problema estructural grave” en los partidos judiciales afectados. Se trata de adecuar “la planta judicial a las necesidades existentes” y “a la carga de trabajo concurrente en los órganos judiciales en funcionamiento”, todo ello con el fin de lograr “que la Justicia sea más rápida, diligente y eficaz, a pesar del actual contexto de contención del gasto público”.
Además, se trata de una medida incluida en el Plan Integral Campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. El proyecto señala que la fecha para la efectiva puesta en marcha de las nuevas unidades judiciales la fijará la ministra de Justicia, Dolores Delgado. En este punto, el CGPJ recomienda que, dada la urgencia de las medidas, la fecha quede establecida en el Real Decreto y que se fije el 1 de enero de 2019.
