IAM/ALJ Este país tiene un gran colapso judicial por reclamaciones hipotecarias: clausulas suelo, gastos de hipoteca, multidivisas (prestamos en moneda extranjera) y préstamos referenciados al IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios), desde diciembre de 2016 cuando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que los bancos debían devolver íntegramente (con retroactividad) el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo abusivas.
La justicia comunitaria ha tenido un importante papel al poner en evidencia las malas prácticas bancarias en los contratos hipotecarios. Y a día de hoy todavía quedan pendientes al menos otros dos dictámenes sobre este mismo tema. Un decreto del Gobierno del Partido Popular estableció un cauce extrajudicial, sencillo y gratuito, para que los ciudadanos pudieran pedir la devolución de lo cobrado de más por los bancos según la sentencia europea. El cliente debía acudir a su entidad y presentar una solicitud, bien en el formulario del banco o con un escrito redactado por él mismo o un abogado, que el banco está obligado a responder en un plazo máximo de tres meses. Las entidades recibieron en 2017 más de un millón de reclamaciones y compensaron a 450.000 personas. Pero si el banco denegaba la petición o si ofrecía menos de lo que el cliente consideraba justo, había que ir al juzgado. Lo normal. Pero, ahí empezaron los problemas. También se podía presentar una reclamación en el Banco de España, pero eso era perder el tiempo porque, aunque te dieran la razón, sus dictámenes no eran ni son vinculantes. Y los bancos ni caso. Así que el remedio fue peor que la enfermedad. El Gobierno del Partido Popular, como siempre al servicio de los bancos, creó con su famoso decreto unos juzgados especiales para resolver este grave problema de justicia de los afectados por la cláusula suelo, pero estos juzgados no dan abastos con la avalancha de más de 260.000 demandas interpuestas por cláusulas abusivas desde el 1 de junio de 2017. Además, también empiezan a atascarse las audiencias provinciales, porque los bancos pese a perder el 97% de las sentencias dictadas, apenas 50.000, están recurriendo y creando un segundo cuello de botella para desesperación de los hipotecados, que deben esperar de dos a cuatro años. Pero, ¿qué hace el Gobierno, de antes y de ahora, para resolver este grave problema de los demandantes? Nada. Y a esperar. Habría que acelerar los procesos, pero esa celeridad es impensable con solo 54 juzgados especiales -uno por provincia en la península; dos en Baleares y dos en Canarias- y 260.000 casos a resolver. Los juzgados especializados no dan abasto. Lo dicen los afectados, que esperan más de un año solo para que se empiecen a tramitar sus casos, y lo reconocen los jueces, letrados y funcionarios. Frente a la opinión de algunas asociaciones de jueces que critican la decisión de crear juzgados específicos, Gerardo Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dice que habría sido mucho peor repartir los pleitos en juzgados ya sobrecargados y que tratan asuntos “muy importantes, como quiebras en las que están en juego miles de puestos de trabajo”. “Lo hicimos así para evitar que colapsara toda la jurisdicción civil”. Qué pena me da la justicia de este país, que con cualquier tiempo o causa se gripa o se colapsa. El sistema ya está demostrado que no es eficaz y ha provocado un auténtico embudo, porque no permite dar una respuesta en un tiempo razonable. Y si la justicia no es rápida, deja de ser justicia. Solo en Andalucía existen casi 60.000 casos por resolver y repartirlos entre todos los juzgados sería todavía mucho peor, pues como dice el vocal del CGPJ colapsaría la jurisdicción civil. El magistrado Miguel Ángel Chaparro, titular del juzgado especializado de Barcelona, decidió hace unos días suspender los señalamientos (designación de un día para juicio oral o vista) hasta que se solucione el colapso. Estaba dando citas a más de un año vista. Pero es que los casos que se resuelven pasan a segunda instancia, porque los bancos, explica el abogado Jesús Ruiz de Arriaga, “lo recurren todo”. “El juego para ellos es voy a perder todos los casos, pero con este sistema desincentivo a los ciudadanos a reclamar”. Miserables.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha sido el más claro a la hora de apuntar a un culpable del atasco. La semana pasada, en el inicio del curso judicial, aseguró que los bancos están “lastrando injustificadamente” el sistema con una “litigiosidad impostada y fácilmente evitable que consume enormes recursos públicos” porque no negocian extrajudicialmente con los clientes en los casos en los que los tribunales ya han fijado criterio. Y lo hacen, añadió, después de haberse beneficiado de “enormes ayudas públicas para superar su crisis financiera”.
¿A quién sirve el Gobierno a los ciudadanos o a los bancos? Así que este sistema creado, después de que la justicia europea obligara a los bancos a devolver todo lo pagado por las clausulas suelo es disuasorio. Lo confirma Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que cree que es disuasorio para los afectados, porque “ya había jueces con años de experiencia resolviendo cláusulas suelo, multidivisas y preferentes. Pero decidieron crear juzgados especializados, con gente recién salida de la carrera, y sin dotar de medios.
Así que ahora tenemos demandas de junio de 2017 que todavía no están admitidas a trámite”, se lamenta. Y nosotros, afectados, también con ella. Pero, ahora, tenemos un nuevo conflicto entre tribunales del que no se sabe cómo salir. El jueves pasado el Supremo decidió que el impuesto de la constitución de hipoteca lo pagara el banco y no el cliente. Al día siguiente, la Sala de lo Contencioso congeló esa sentencia a la espera de una decisión posterior del pleno del Tribunal. Así que, tras la perplejidad, ha llegado el caos, porque ni deberíamos tener una ley hipotecaria sujeta a tantas interpretaciones (lleva más de dos años pendiente de nueva regulación), ni una justicia tan desestabilizadora por la politización de los jueces y tribunales, que genera mucha inseguridad jurídica.
Así que se espera una nueva avalancha de demandas, son 3.000 euros de devolución media por hipoteca. Y un nuevo colapso judicial, dice el Consejo General. Pero, en este tremendo lio: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
