Si bien el Tribunal Constitucional anulaba el pasado martes el impuesto de plusvalía municipal, las críticas por parte de los ayuntamientos ante esta nueva decisión no han tardado en salir a la luz. Y es que, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha exigido al Gobierno central un fondo de compensación para los consistorios después de la declaración como nulo del impuesto anteriormente mencionado, una anulación que supondrá una pérdida de tres millones de euros para el consistorio.
El primer edil ha reclamado al Ejecutivo una solución «legal y urgente» que ofrezca certidumbre a los diferentes ayuntamientos del Estado.
«Hemos afrontado solos la pandemia, a nuestra deriva, hemos devuelto impuestos por valor de medio millón de euros, hemos suprimido el impuesto de mesas y sillas durante el segundo semestre de 2021, hemos anunciado y resuelto ayudas directas por valor de 300.000 euros a los afectados por el cierre durante la pandemia, entre otras medidas, pero además hemos congelado tasas e impuestos municipales para el año 2022, sin recibir ni un solo euro del Gobierno central y ahora llega la inacción con la plusvalía», declara el regidor de Algeciras.
La concejal delegada de Hacienda, María Solanes, no se ha quedado atrás, y es que ha afirmado que esta decisión es «un escandalazo«. Según manifiesta, los ayuntamientos no podrán aprobar un presupuesto para el 2022 con estas circunstancias, «hace tres años el Gobierno de Mariano Rajoy ya dejó en tramitación parlamentaria un proyecto de ley que afectaba a este impuesto de plusvalías y que pretendía dar seguridad jurídica en la gestión de ese tributo».
Impacto de 3 millones de euros para Algeciras
La edil ha confirmado que esta anulación del impuesto supondrá un impacto directo sobre el Ayuntamiento de Algeciras de aproximadamente 3 millones de euros, aunque añade que la localidad no será la más perjudicada, «de la mano del alcalde hemos hecho los deberes y se han venido aplicando medidas para minimizar este impacto».
En este sentido, Landaluce junto a Solanes exigen al gobierno una solución legal que permita conocer qué va a ocurrir a partir de ahora con el impuesto de plusvalía, «necesitamos recuperar los ingresos que vamos a dejar de percibir porque el Gobierno tenía que haber dado una respuesta y no ha aprobado en estos tres años la ley que llevó al PP al Parlamento».
