CGT Campo de Gibraltar ha querido poner en evidencia que el poder judicial protege a las élites y a la patronal y que la judicialización de la vida política es un mecanismo que se aplica sistemáticamente contra toda forma de discrepancia política que quiere ser transformadora.
En el Estado español se están dictando distintas resoluciones del Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional con una interpretación abusiva de la ley, que constituyen una clara violación de los derechos civiles y políticos. Esta dinámica genera indefensión en la ciudanía, a la vez que alarma social producto de la creciente falta de confianza en la tarea del Poder Judicial.
Esta anomalía en el funcionamiento de la Justicia española, se ha puesto de manifiesto en el informe GRECO del Consejo de Europa que demuestra la absoluta parcialidad de los altos estamentos de la Justicia española.
Por otro lado, centrándonos en la jurisdicción social, el sindicato CGT se hace la siguiente pregunta: si la justicia se retrasa… ¿Es la justicia justa?, pues a esta central sindical le parece que es imposible que la Justicia pueda ser justa si se tardan años en resolver.
La campaña de protesta del día 13 de octubre de CGT Andalucía iba especialmente dirigida a la situación que padecen las y los trabajadores andaluces, cuando requieren de la justicia para resolver un despido, un alta médica indebida, concreción horaria por cuidado de hijos o mayores, una vulneración de sus derechos fundamentales… o cualquier otra situación que les deja inermes ante los abusos de las empresas, que conocedoras de la lentitud de la justicia y de la situación de los juzgados de lo social en nuestra comunidad autónoma, no dudan en avocar a sus plantillas al inicio de procesos judiciales que con suerte se resolverán tres o cuatro años después, en la mayoría de los casos.
Esta situación de indefensión de la clase trabajadora ante la situación de un servicio público vital como la justicia, que debe garantizar el derecho reconocido constitucionalmente a la tutela judicial efectiva, no es más que una maniobra del sistema en defensa de los intereses patronales. Son múltiples los ejemplos que tenemos de señalamientos de procedimientos judiciales por distintos tipos de reclamaciones ante los juzgados de los social en Andalucía para los años 2025 y 2026, con ello no solo se viola por la Administración la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social sino también el derecho a acceder a la justicia, dado que esas demoras en el tiempo se están usando como elemento disuasorio de que no se reclame lo que corresponde a las personas trabajadoras ante las múltiples situaciones de abusos que se vienen produciendo en los ámbitos laborales. Para CGT Andalucía, la situación de la justicia es insostenible.
A la vez, la aprobación y la aplicación irregular y abusiva de instrumentos jurídicos como la ley mordaza, etc., que, junto a los traslados de expedientes al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional comportan situaciones de indefensión de la ciudadanía y son una coartada que favorece la aplicación de medidas de excepción incomprensibles en ausencia de violencia (prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, elevadas multas disuasorias, embargos de patrimonio, confinamiento territorial, etc.).
Todas estas prácticas contrastan con las respuestas que han dado los tribunales de los países europeos (Alemania, Bélgica, Gran Bretaña y recientemente Italia) a la petición de extradición que ha emitido la Justicia Española, a los cargos políticos exiliados, acusados injustamente por rebelión y sedición.
En los últimos tiempos, se están abriendo insólitos procesos penales en muchos territorios, Andalucía, Madrid, La Rioja, … imponiendo incluso penas de prisión a personas que participaban en protestas pacíficas sin respetar el derecho a la protesta y la libertad de expresión y manifestación. Otra de las manifestaciones alarmantes es la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, con reminiscencias franquistas, contra los sindicalistas que participan en huelgas y manifestaciones, que ha comportado más de 300 personas encausadas.
