Indignación entre los funcionarios del Centro Penitenciario de Botafuegos tras el juicio que se ha celebrado contra un preso que el pasado mes de diciembre provocó un incendio en su propia celda, poniendo en riesgo su vida y la de los funcionarios que tuvieron que sofocar el fuego, y, posteriormente, agredió e insultó, además de amenazar de muerte, a los trabajadores que le salvaron la vida. Y es que este proceso ha acabado con una conformidad que condena a esta persona sólo a 18 meses de privación de libertad y una multa de 1.375 euros por los daños ocasionados.
Desde el sindicato Acaip han lamentado la situación que viven los funcionarios de prisiones puesto que argumentan que «una petición fiscal que era de 6 años, finalmente quedó en 18 meses y una multa que posiblemente no pagará porque se declarará insolvente».
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El sindicato denuncia que en este proceso «a los funcionarios allí presentes ni se les preguntó ni se les tuvo en cuenta en ningún momento, ni siquiera declararon y esto ocurre porque la Abogacía del Estado no se persona en los juicios penales«.
En este sentido, recuerdan que los funcionarios de prisiones «sufren una agresión cada 36 horas«, hechos que se ponen en conocimiento del Juzgado de Guardia competente y «situaciones como esta se suceden de forma continuada en todas las prisiones españolas, donde ni se nos reconoce la condición de Agentes de la Autoridad ni interviene la Abogacía del Estado».
Acaip considera que la defensa del colectivo es «obsoleta e ineficaz» y apunta que el borrador de la Ley de Cuerpos Penitenciarios que recoge y regula la Protección Jurídica que actualmente requiere el colectivo de prisiones «está atascado a causa del desinterés de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias»
