Según relatan en un comunicado conjunto, los investigadores comenzaron sus pesquisas al detectar una serie de embarcaciones recreativas sospechosas en el puerto deportivo de Rota (Cádiz). Con el avance de las gestiones, consiguieron identificar a las personas que estaban realmente detrás de estas embarcaciones, llegando hasta una organización criminal especializada en la introducción de grandes cantidades de hachís por aguas del estrecho de Gibraltar.
Así pues, se pudo determinar la presencia de dos estructuras criminales diferentes colaborando activamente en la comisión del ilícito penal. La primera estructura, radicada en La Línea de la Concepción, se encargaba de negociar directamente con los proveedores de la sustancia estupefaciente en Marruecos, para lo que desplegaban un gran número de embarcaciones neumáticas de alta velocidad bajo su control, llevando a cabo la carga del estupefaciente y su traslado hasta la zona de la bahía de Cádiz.
La segunda estructura, con base en la misma bahía, desplegaba una serie de embarcaciones recreativas que llevaba a cabo la descarga del hachís por aguas del río Guadalete.
De este modo, los investigadores han podido determinar nuevamente que las organizaciones naturales del Campo de Gibraltar se encuentran actuando fuera de su ámbito normal, necesitando la colaboración de otras organizaciones locales que controlan y conocen su zona de actuación.
La estructura, radicada en la bahía de Cádiz, tenía su centro de operaciones en la sierra de San Cristóbal de El Puerto de Santa María, aprovechando su especial situación geográfica para el control de las entradas del estupefaciente por el río.
Hasta su total desmantelamiento, utilizaban el narco-embarcadero del poblado de Doña Blanca para la descarga del hachís, utilizando después su amplio conocimiento de la especial orografía del cauce del mismo río para acometer las descargas aprovechando la bajada de la marea.
Averiguado el ‘modus operandi’ de la organización criminal, la Policía determinó el rol desarrollado por cada uno de sus integrantes, descubriéndose que, al menos, estaban usando seis embarcaciones recreativas diferentes para la entrada del estupefaciente.
Un dispositivo conjunto de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria pudo determinar la presencia de una embarcación semirrígida de gran tamaño y potencia cargada con numerosos fardos de hachís frente a la bahía de Cádiz.
De este modo, se pudo ver cómo zarpaban de la zona de influencia de la bahía de Cádiz dos embarcaciones recreativas hasta tomar contacto con la neumática, comenzando el trasbordo de numerosos fardos a las recreativas. En ese momento, se pudo interceptar una de las embarcaciones cuando se disponía a introducir por el cauce del río Guadalete una tonelada de hachís.
Al mismo tiempo, y con la colaboración del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, se interceptó la segunda embarcación, cuyos tripulantes habían arrojado la sustancia estupefaciente por la borda sin llegar a recuperarse. En dicha actuación fueron detenidas cinco personas.
Finalmente, el 22 de junio, los investigadores llevaron a cabo la fase de explotación, solicitándose al juzgado diez entradas y registros en las localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Barbate y La Línea de la Concepción.
MATERIAL INCAUTADO
Como resultado, los investigadores detuvieron a 20 personas y desmantelaron el centro de operaciones de la organización criminal, situado en la sierra de San Cristóbal, siendo intervenidos 20 equipos de trasmisiones vía radio, dos estaciones de carga, un amplificador de señal vía radio para larga distancia, numerosos teléfonos desechables y tarjetas prepago, teléfonos satelitales para las comunicaciones a larga distancia con las embarcaciones nodriza, un dron de vigilancia de altas prestaciones para vigilar el cauce del río durante la entradas del estupefaciente, detectores de señales GPS, inhibidores de frecuencias y dispositivos electrónicos de seguimiento por GPS.
Tras nueve meses de investigación, la organización criminal se da por desarticulada, habiendo sido detenidos los líderes, los subalternos, los encargados de seguridad y logística e, incluso, los empleados para labores de seguridad estática y dinámica.
De los 23 detenidos que pasaron a disposición judicial, se ha decretado prisión preventiva para 13 de ellos.
