Inspección Urbanística de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en colaboración con el Seprona, la Policía Autonómica y Policía Local, ha precintado durante los tres últimos días (del 28 al 30 de junio) 35 parcelas de terrenos donde se estaban construyendo viviendas en suelo no urbanizable en La Línea de la Concepción-El Zabal Bajo y en Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del compromiso del nuevo Gobierno andaluz para reforzar e incrementar la labor inspectora y garantizar la correcta ejecución de la disciplina urbanística, evitando así la proliferación de edificaciones ilegales en el territorio andaluz como ha sucedido en las últimas décadas. El objetivo es evitar nuevas parcelaciones en cooperación con los ayuntamientos y aplicar el nuevo decreto ley sobre viviendas irregulares que entró en vigor el 24 de septiembre de 2019 y que tiene como objetivo resolver una situación que padecen más de 300.000 familias.
Esta situación de indisciplina urbanística generalizada, a pesar de la contundencia de la actuación autonómica, pone de manifiesto la necesidad de que se implementen algunas de las medidas contempladas en el Anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que incluye previsiones específicas para evitar la instalación irregular de casas prefabricadas, la creación de un Cuerpo de Subinspectores que tiene como finalidad garantizar la presencia constante y continuada en el territorio, o la aclaración del ámbito competencial de la Junta de Andalucía en relación con actuaciones ilegales en suelo no urbanizable que afectan a la ordenación del territorio, previsiones que se espera supongan un freno a estas actuaciones incipientes que avanzan de forma tan rápida.
La Línea de la Concepción- El Zabal Bajo
Hasta la fecha se han iniciado tres procedimientos sancionadores en esta zona por parcelación urbanística y tres procedimientos de protección de la legalidad por actos de parcelación, edificación y construcción en suelo no urbanizable de especial protección, por lo que se han propuesto sanciones de 2.050.000 euros. Los procedimientos de protección de la legalidad tienen por objeto 16 edificaciones en fase de construcción o recientemente terminadas, además de la eliminación de los vallados y elementos de urbanización efectuados irregularmente.
El pasado día 29 de junio, en colaboración con el Seprona y la Policía Autonómica, se precintó y se cortaron los suministros de luz y agua en diez lotes de parcelaciones para frenar los procesos edificatorios en curso e impedir así el inicio de nuevos.
En paralelo, se han detectado anuncios de venta en internet de parcelas de 500 a 1.500 metro cuadrados en la zona con precios que superan los 75 euros/metro cuadrado, por lo que se han iniciado dos procedimientos sancionadores por publicidad ilícita, siendo, en cada uno de ellos, la cuantía de la sanción propuesta 3.300 euros.
En el ámbito conocido como el Zabal Bajo, franja de terreno colindante con el dominio público marítimo-terrestre mayoritariamente clasificada como suelo no urbanizable de especial protección agrícola, se han llevado a cabo un número considerable de actuaciones de parcelación e innumerables actuaciones de edificaciones destinadas a viviendas familiares, incluso algunas destinadas a actividades recreativas y de ocio, que se han ejecutado en las últimas décadas al margen de la ordenación urbanística municipal y de la normativa autonómica, lo que ha dado lugar a la formación de un núcleo de población que se está consolidando, a pesar de que la zona no cuenta con servicios básicos, como pueden ser acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica, contando con acceso a través de caminos rurales.
Así, se ha constatado que aunque el Ayuntamiento ha tramitado diversos procedimientos de protección de la legalidad urbanística y sancionadores, la actuación municipal no ha conseguido frenar estas actuaciones ilícitas. Por eso el objetivo de la actuación de la Junta es frenar el proceso parcelatorio posterior a 2018 y disuadir a los infractores para que no continúe esta actividad ilegal en la zona.
