En este sentido, la edil ha explicado que esta misma mañana se ha reunido la Mesa de Contratación del Consistorio para analizar las ofertas presentadas por las empresas para realizar el proyecto de derribo. Tras comprobar que una de ellas incurría en lo que se conoce como baja temeraria, se requerirá al aspirante con mayor puntuación que acredite que puede cumplir con la oferta de manera satisfactoria para los intereses municipales“. “Estamos ante una de las obras más importantes que ha de ejecutar el Ayuntamiento, y que está rodeada de una gran complejidad técnica. Por ello, es necesario que la empresa que la realice cuente con todas las garantías, cuestiones que ya están siendo comprobadas por los técnicos”, indica el teniente de alcalde delegado de Contratación, Francisco Javier Rodríguez Ros.
Por otra parte, Solanes ha salido al paso, nuevamente, de las afirmaciones vertidas por el PSOE en las últimas horas acerca de esta cuestión, indicando que “resulta inconcebible que Fernando Silva vuelva a las andadas con este asunto, porque el PSOE de Algeciras no tiene ni un gramo de legitimidad en este tema, por la sencilla razón de que todavía estamos esperando que asuma su responsabilidad por la nefasta gestión que hicieron del parking mientras gobernaron”.
Añade la responsable municipal de Hacienda que “es necesario recordar a los señores Juan Lozano, Fernando Silva y Daniel Moreno que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía calificó como grotesco el intento de legalización efectuado mientras la Alcaldía la ocupaba un socialista. Esa chapuza no solo dilató la solución, sino que la entorpeció creando falsas expectativas a la concesionaria y a los ciudadanos que ahora se traducen en indemnizaciones que este equipo de Gobierno tiene que afrontar”.
Solanes ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía indicando que “no permitiremos que la legítima contienda política traspase los límites de lo tolerable. Este equipo de gobierno cumple con las resoluciones judiciales, y la nueva directriz del TSJA se enmarca en la confrontación abierta que ahora mantiene la empresa concesionaria, Nautagest, con la comunidad de propietarios del edificio Escalinata, respecto de la cual el Ayuntamiento es ajeno”.
