Según la organización, si bien, una vez internados en el CIE se activó por parte de la dirección del centro el protocolo de menores, las actuaciones realizadas son contrarias a la legislación de protección de menores, especialmente a lo dispuesto en la Convención de Derechos del Niño.
Diversas resoluciones del Comité de Derechos del Niño, organismo de Naciones Unidas, han puesto de manifiesto el incumplimiento por España de diversos preceptos contemplados en la Convención del Derechos del Niño. Es más, constan al menos 16 decisiones contra España desde 2019. Por un lado, constituye doctrina consolidada del Tribunal Supremo determinar que no procede la realización de pruebas médicas de determinación de la edad en el caso de que los presuntos menores aporten documentación original que acredite su edad, debiéndose haber procedido a decretar la minoría de edad de estos menores tras la exhibición de dichos documentos. Si bien la normativa nacional e internacional señalan que mientras dure el procedimiento de determinación de la edad los presuntos menores deben esperar el resultado bajo la tutela del Servicio de Protección de Menores, lo cierto es que se ha mantenido su internamiento en el CIE en situación de aislamiento, en un recurso únicamente válido para mayores de edad.
El colectivo asegura que no se ha procedido al nombramiento de representante legal para acompañar al menor en el procedimiento de determinación de la edad, no se ha realizado valoración psicológica por especialistas, no se han respetado los márgenes de error en las pruebas radiológicas realizadas, y se ha sometido a los menores a un reconocimiento médico mediante desnudo integral por parte del Médico Forense y sin asistencia de intérprete, práctica desaconsejada por el Comité de Derechos del Niño, que señala que “el examen, a los fines de determinar la edad, de los niños y niñas que incluyen desnudamientos o examen de los órganos genitales o partes íntimas infringen su dignidad, su privacidad y su integridad corporal y deberían estar prohibidos”.
Desde la Coordinadora, anuncian la interposición de acciones legales por parte de las entidades que ha realizado visitas a los internos y recuerdan que los CIEs no son instrumentos necesarios para el control de los flujos migratorios, que existen alternativas viables a optar por estos centros de detención, que se han mostrado ineficaces, muy costosos económicamente y con graves repercusiones hacia perfiles vulnerables, como son los menores de edad. Además, critica que se proceda a una privación de libertad innecesaria en un contexto gravísimo de pandemia mundial, con el riesgo que para todos lo entes participantes supone, y anuncia que a finales de este mes realizarán un acto de protesta en la puerta del actual CIE de Algeciras.
