El Real Decreto detalla “medidas de adaptación imprescindibles para facilitar la transición y contrarrestar los efectos indeseados” de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha subrayado la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en su defensa del texto.
Aprobado el pasado 29 de diciembre por el Gobierno, el real decreto detalla medidas temporales y basadas en el principio de reciprocidad en materias como el comercio, los derechos de los ciudadanos -como seguros sanitarios o pensiones- y el reconocimiento de documentos y titulaciones.
Precisa, por ejemplo, que los británicos que residen en España y Gibraltar podrán seguir contando con el sistema sanitario y el universitario, así como de sus permisos de trabajo o de conducir de manera temporal, una vez que entre en vigor el “brexit”, y siempre y cuando el Gobierno británico adopte medidas similares en el Reino Unido.
Las medidas, aprobadas en el último minuto antes de la salida definitiva del Reino Unido de la UE, ha concitado el apoyo de toda la Cámara pese a que varios grupos de la oposición lo han considerado insuficiente e improvisado.
Así, la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, ha garantizado el apoyo de su grupo pese a considerarlo “un mal menor” y ha cuestionado tanto el fondo como las formas en las que ha sido elaborado ya que, tratándose de un tema de Estado, el Gobierno debería haberlo consensuado con las demás fuerzas políticas.
“Es un parche a medio plazo” para “capear como se pueda las consecuencias negativas” del Brexit, pero no incluye medidas para obligar al Reino Unido a aprobar medidas similares ni existe un “plan B” en el caso de que no lo haga, ha criticado.
La portavoz del PP para asuntos exteriores y de la UE, Valentina Martínez, también ha garantizado el apoyo de su grupo por considerarlo un “marco temporal adecuado y oportuno” que resuelve problemas prácticos, pero ha cuestionado que se tramite como proyecto de ley.
Martínez ha aprovechado la ocasión para subrayar que, pese a que la negociación del “brexit” era una oportunidad para España, la “dejación de responsabilidades” y la “pereza” negociadora del presidente del Gobierno la haya malgastado.
“España no se lo ha trabajado, (…) quizás hubiera sido mejor que fuese Michel Barnier (el negociador para Europa) quien hubiera negociado en nombre de España”, ha planteado.
En nombre de Vox, el diputado José María Sánchez, también ha considerado que España “ha podido negociar con más firmeza” y apuntado que el principio de acuerdo alcanzado entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar “solo favorece a Reino Unido y Gibraltar” una situación que es “inconcebible” y “lesiva para España”, ha dicho.
También la diputada de Junts per Catalunya Mariona Illamola ha cuestionado que el Gobierno haya tenido “más de cuatro años para prepararse con tiempo” y haya acabado aprobándolo con un decreto ley “in extremis” que “no parece el procedimiento más correcto”.
Finalmente, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha asegurado su apoyo al texto pero ha pedido correcciones y una acción decidida a la hora de facilitar la transición, especialmente en materia de contrataciones de personal de seguridad y control aduanero para los puertos y aeropuertos para evitar su “bloqueo”.
