En un comunicado conjunto de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han traslasado que ese incumplimiento afecta a “los acuerdos comerciales (en fechas, en cupos y en calidades) en los que se amparan para ingresar en territorio europeo”.
La concentración, que se iniciará a las 11:00 horas, cumplirá escrupulosamente todas las medidas de seguridad vigentes por la pandemia Covid-19, según han explicado en el comunicado.
El objetivo es demandar un control real y efectivo de las importaciones, exigir el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales en vigor (origen, fechas, cupos y calidades), alertar contra la firma de nuevos acuerdos y condicionar la firma de los mismos a la realización de estudios previos de impacto sobre la agricultura europea y el cumplimiento de los principios de preferencia comunitaria y de reciprocidad.
Cuatro meses después de las multitudinarias tractoradas de enero y febrero, el sector agrario andaluz retoma sus movilizaciones.
Los problemas que llevaron a sacar los tractores a las carreteras persisten y, en muchos casos se han visto agravados por los efectos del Covid-19 en la economía, con esta concentración simbólica de protesta en el puerto de Algeciras el sector agrario andaluz pretende dar una seria llamada de atención que mueva a la reflexión y a la actuación de las autoridades andaluzas, españolas y comunitarias.
El puerto de Algeciras, al igual que el resto de puertos de España y de la Unión Europea, no puede ser por más tiempo un “coladero” de productos importados sin control de países de fuera de la Unión Europea.
Para las organizaciones convocantes, “la concentración frente al puerto de Algeciras simboliza la denuncia constante de los incumplimientos de los acuerdos comerciales agroalimentarios que la Unión Europea tiene establecidos con países terceros, mientras que las autoridades hacen oídos sordos, permitiendo la entrada masiva y descontrolada de productos agroalimentarios, lo que hiere de muerte a nuestro tejido productivo, desestabilizando el mercado y engañando a los consumidores”.
“Hartos de que tanto la Unión Europea, como el Gobierno español y la Junta de Andalucía miren hacia otro lado, las organizaciones exigen que se cumpla el principio de preferencia comunitaria -primero lo producido en la Unión Europea-, así como el principio de reciprocidad, es decir, que los productos que vienen de países terceros cumplan los mismos requisitos europeos en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales”.