A estos directivos se les imputa delitos contra el medio ambiente, traslado transfronterizo de residuos, contra los derechos de los trabajadores, estafa, falsificación documental, apropiación indebida y administración desleal.
La investigación comenzó hace tres años gracias a información del Seprona de la Guardia Civil sobre posibles traslados transfronterizos de residuos peligrosos que procedían de Gibraltar a la empresa.
Según ha informado este martes la Guardia Civil, se ha confirmado la falsificación de certificados en los que se aumentaban las cantidades de residuos que se habían tratado.
Debido a la falsificación la empresa incrementaba sus beneficios y los investigadores calculan que el fraude ha ascendido a 16 millones de euros en los últimos años.
La empresa trata los residuos que poseen gases refrigerantes que se generan en Andalucía procedentes de frigoríficos, cámaras refrigerantes y aires acondicionados.
La emisión de estos gases es especialmente perjudicial para la capa de ozono, el medio ambiente y la salud de las personas
El Seprona ha detectado “la falta de tratamiento” de otros tipos de residuos considerados muy peligrosos que podrían haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores de la empresa.
Según un informe de la Unidad Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil, sólo la emisión de gases ha podido producir un daño irreparable a la atmósfera valorado en 8 millones de euros.
