La reunión, que tendrá lugar en Málaga, es la primera que celebran España y Reino Unido para abordar los principales asuntos de la relación con Gibraltar y analizar los avances en el cumplimiento de los cuatro memorandos firmados por ambos países para regular los aspectos más controvertidos de la relación con respecto a Gibraltar.
El Ministerio de Exteriores ha informado de que la delegación española estará encabezada por el director general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea, José Pascual Marco
Por la parte británica, la delegación estará encabezada por el embajador del Reino Unido, Hugh Elliott, y otros funcionarios del Foreign Office e integrada por el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.
Acompañando a Picardo estarán el viceministro principal, Joseph García; el fiscal general del Peñón, Michael Llamas, y el secretario de Finanzas, Albert Mena.
Según han informado las autoridades de Gibraltar, las conversaciones se centrarán en “cuestiones relacionadas con la relación post-Brexit entre Gibraltar y España e incluirán aspectos como la movilidad y los derechos de los ciudadanos”.
Esta reunión tiene lugar después de que el comité especializado sobre Gibraltar previsto en el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea (brexit) se reuniera telemáticamente el pasado 27 de mayo para analizar los avances en materias como los derechos de los trabajadores, la lucha contra el fraude fiscal y el contrabando.
En dicha reunión participaron delegaciones de la Unión Europea, incluyendo representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, y del gobierno del Reino Unido.
También se han reunido ya los comités bilaterales entre España y Reino Unido, que el pasado 27 de febrero comenzaron las conversaciones para poner en marcha la cooperación y mejora de relaciones con Gibraltar.
Mientras, el tratado internacional sobre fiscalidad con el que España y Reino Unido quieren reducir el fraude y la evasión fiscal en Gibraltar y normalizar su relación con España sigue los procesos de ratificación en ambos países, un proceso que previsiblemente estará concluido el próximo mes de octubre.
El tratado superó el pasado jueves su primer trámite parlamentario al rechazar el Congreso una enmienda a la totalidad defendida por Vox y apoyada por el PP.
Según aseguró la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el tratado servirá para resolver la “soberanía fiscal” de la zona en beneficio de España y permitirá “acabar con una situación anacrónica y tremendamente perjudicial para España” sin debilitar su posición sobre la soberanía del Peñón.
