“Se trata de una problemática que ha ido in crescendo desde 2015 que, además de afectar al sector pesquero, daña al turismo y a las arcas de los Ayuntamientos que retiran los arribazones de algas que llegan a sus costas, por lo que urgimos al Ejecutivo central, que es el competente, a que acelere en lo posible su inclusión en el listado de especies invasoras y así articular las ayudas pertinentes a los damnificados”, ha explicado el delegado territorial.
“La Junta de Andalucía remitió al Gobierno de España un informe de riesgo para que se declarara esta especie invasora en la Unión Europea y, después de varios meses, no hemos visto avances”, ha indicado Daniel Sánchez. El representante autonómico ha señalado que el Gobierno andaluz está dispuesto a participar en las mesas de trabajo convocadas, aunque “poco podemos adelantar sin considerarla especie invasora”.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha publicado un proyecto de orden de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva para los pescadores afectados por el alga. Con ella se pretende paliar los perjuicios ocasionados en los sectores afectados por la proliferación de la Rugulopterix Okamurae en las costas andaluzas. El importe máximo de la ayuda a recibir por cada beneficiario, así como el plazo de presentación de las solicitudes para obtener estas subvenciones financiadas en un 100% con fondos de la Junta de Andalucía, quedará recogido en la convocatoria “que se publicará una vez se catalogue el alga asiática como especie invasora”, tal y como ha expuesto Daniel Sánchez.
El delegado territorial ha recordado que la consejería encabezada por Carmen Crespo está actuando desde un principio para ayudar en todo lo posible en este asunto. Se está en contacto con los consistorios, facilitando como el pasado 29 de mayo al Ayuntamiento de Tarifa, la gestión de los residuos procedentes de la retirada de los arribazones de algas que se hallan en la lámina de arena de las playas. Y se están realizando trabajos de investigación con medios propios de Agapa y de Amaya y, a través, del convenio firmado con Ocean Cleaner, para delimitar la superficie afectada por la Rugulopterix Okamurae, determinar su proliferación y establecer áreas prioritarias de actuación.
“Hemos tenido la iniciativa y vamos a seguir contribuyendo en esta línea, dentro de nuestras competencias, eso sí, se trata de un problema que hay que abordarlo de una manera integral, donde cada administración tiene que hacer el papel que le corresponde y al Gobierno central le compete declararla especie invasora”, ha concluido.
