El fallo del Alto Tribunal legaliza así el polémico déficit tarifario del sistema eléctrico, al tiempo que reconoce a las compañías el pleno derecho de recuperarlo. Además, la sentencia del Supremo tiene importante relevancia jurídica por el elevado grado de libertad que reconoce al Gobierno en la fijación de su política energética y el impacto que ello tendrá en los procesos jurídicos en marcha, pero también por las consecuencias de la batalla que iniciaron entonces las compañías. Con el sector eléctrico en pie de guerra, Iberdrola desafió al Gobierno al sacar su energía del mercado mayorista para no tener que someterla al precio fijado por el Ejetutivo. Un plante que está siendo kinvestigado ahpora por la Comisión nacionaklde la Competemncia (CNC) al entenrer que pudo perjudicar a los consumidores esopañoles de electricidad. A la comopañía eléctrica le cabe, al menos, elconsuelo de que las costas del juicio visto en el supremo correran acargodel Estado por no apreciar mnala fe en su recurso
