Sendas mociones, una conjunta de Adelante Cádiz e Izquierda Unida, y otra del grupo socialista, han sido debatidas y respaldadas por unanimidad por la Corporación, ante la “preocupación” que genera esta situación.
La transformación del fondo marino con la invasión de esta especie ha repercutido en perjuicios que llegan a cifrarse en Tarifa y Barbate en más del 80 por ciento de pérdidas, según las flotas afectadas. Por ello, el acuerdo alcanzado consiste en instar al Gobierno central a que proceda a la declaración oficial de esta especie como alga invasora, paso previo a que se puedan aprobar compensaciones y otras medidas.
En un comunicado, la Diputación ha informado de que también se ha pedido a la Junta, que es la administración competente, que tome medidas urgentes, así como que asuma la retirada de arribazones de las playas. La moción también solicita la creación de una mesa de trabajo con representación política, técnica y científica para abordar la situación.
Desde la Diputación se está dado ayuda a ayuntamientos que lo han solicitado, como es el caso de Tarifa, según ha explicado la diputada Lucía Trujillo. Además, Mario Fernández ha enumerado algunas acciones que ya se han desarrollado desde su área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, que incluye reuniones con algunos de los ayuntamientos de municipios afectados, o la línea abierta de colaboración con entidades como la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, para desarrollar estudios que busquen una solución “no solo a la eliminación de las algas, erradicando el problema desde la raíz a través de la investigación, sino también alternativas en la industria agroalimentaria, de cosmética, energética o farmacológica, que propiciara la economía circular con su explotación comercial”.
En materia de turismo, por vía de urgencia, el Pleno ha aprobado la modificación presupuestaria anunciada en días precedentes: la Diputación libera una partida de 200.000 euros para una campaña de promoción del destino turístico ‘Provincia de Cádiz’ en Alemania y paliar en parte los efectos de la quiebra de Thomas Cook. En este sentido, el diputado José María Román ha explicado que desde la Diputación se ha actuado “con antelación” y eso va a permitir a la provincia estar “un poco mejor que otras”.
Además, ha recordado que aunque la quiebra de este gigante del sector es una mala noticia, “sus efectos en el destino de la provincia de Cádiz son menores que en otros como las islas”. Román ha defendido esta modificación presupuestaria con el fin de que “no se vea afectada la potente industria turística de la provincia de Cádiz” y ha apelado a que la Junta también se implique y a la unanimidad institucional para afrontar este problema común de toda la provincia. Una apelación que, de momento, se ha plasmado en la unanimidad para aprobar este punto.
BREXIT
Otro tema de gran incidencia en la provincia es el relativo a los efectos del Brexit, para el que se han presentado dos propuestas: una del Grupo Popular y otra del Socialista, que es la que finalmente ha prosperado. En ella se insta al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a “tomar las medidas necesarias, de manera urgente y coordinada, con esta Diputación Provincial y los ayuntamientos de la provincia afectados para minimizar los efectos negativos que una salida no acordada de Reino Unido puedan causar en nuestra provincia y en la comarca del Campo de Gibraltar, atendiendo especialmente a las singularidades de la ciudad de La Línea de la Concepción”.
En este punto, ha intervenido Irene García, que ha manifestado la predisposición de la Diputación a ser un “agente activo y tener voz propia en el proceso, a colaborar con los diferentes ayuntamientos para coordinar medidas y a servir de intermediaria para la gestión de soluciones”. En este sentido, ha recordado las misivas que se han remitido a los presidentes del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía para abordar este asunto.
Además, ha prosperado la moción del grupo Socialista sobre el proyecto de Valcárcel, en que se ha solicitado a la Junta que incluya en los presupuestos del año 2020 las partidas necesarias para que se puedan licitar las obras del edificio, para su rehabilitación como Facultad de Educación, un proyecto ante el que se ha generado incertidumbre sobre viabilidad y plazos.
Daniel Moreno, que ha ejercido como portavoz socialista en este punto, ha solicitado que la Junta aporte la financiación para que pueda ejecutarse el proyecto de obra y pueda desarrollarse el convenio entre UCA y Diputación, que establece cinco años para la finalización del mismo, so pena de revertir la propiedad del edificio a la Diputación. Esta votación ha contado con el voto favorable de todos los grupos excepto Ciudadanos y Popular, y Juan Franco de La Línea 100×100.
El peaje de la AP-4, que une Cádiz y Sevilla, ha vuelto a tratarse en el Salón Regio de la Diputación con una moción presentada por el grupo Popular, y que ha prosperado con el voto de todos los grupos menos el Socialista. Esta moción pide al Estado un compromiso por escrito del fin del peaje y de que no se establezca “ningún otro gravamen futuro ni en esta vía ni en ninguna otra de la provincia”.
Otros acuerdos han hecho referencia al apoyo al colectivo que padece fibromialgia, con graves consecuencias para las mujeres que la padecen, propuesta de Andalucía por Sí aprobada por unanimidad; y al colectivo de comuneros de la Costa Noroeste, propuesta del grupo Adelante Cádiz, que solicita la paralización de un procedimiento de la Junta de Andalucía que le exige una serie de pagos, con la abstención del grupo Popular.
También ha salido adelante una moción del grupo Adelante Cádiz de apoyo al sector olivarero de la Sierra de Cádiz, solicitando un plan extraordinario de ayudas, y la intermediación del Estado para que los productores tengan acceso a fondos de la PAC. La moción se aprobó por unanimidad. La primera propuesta del grupo Ciudadanos en un Pleno de la Diputación también ha sido aprobada, solicitando al Estado mejoras en la Financiación Autonómica.
Este debate se ha desarrollado durante el primer Pleno ordinario del mandato corporativo de la Diputación, 2019-2023, que contará con la presencia de siete grupos políticos: el socialista, con 14 diputados; el popular, con ocho; Adelante Cadiz, con cuatro; La Línea 100 x 100, con dos; y Andalucía por Sí, Ciudadanos e Izquierda Unida, con un representante cada uno.
Precisamente, la modificación del Reglamento de Funcionamiento del Pleno para dar respuesta a este aumento, de seis a siete, de grupos políticos, ha sido uno de los puntos aprobados, para limitar el número de propuestas a presentar por grupo. Serán cuatro para los grupos con más del 25 por ciento de representación en el Pleno, PSOE y PP, y dos, para el resto. Además se ha formalizado la renuncia del diputado del grupo Popular, Ignacio Romaní.
