Según informa la Policía Nacional en una nota, la investigación ha sido realizada en unión de la Fiscalía de Medio Ambiente y ha contado con la colaboración de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de la Línea para tomar medidas orientadas a devolver la zona afectada a la legalidad.
La investigación se inició tras tener conocimiento de la creciente proliferación de viviendas de reciente construcción, asentadas en terrenos no urbanizables y de especial protección agrícola, ubicadas en la zona conocida como El Zabal.
Por su parte, los propietarios o moradores de las viviendas eran objeto de interés policial por sus presuntas vinculaciones con el trafico de drogas en la comarca del Campo de Gibraltar, y edificaron los inmuebles haciendo caso omiso a toda advertencia por parte de las autoridades competentes en materia de disciplina urbanística del Ayuntamiento de la Línea.
Según ha indicado la Policía, además de la propia vivienda, se habían construido zonas ajardinadas con todo lujo de detalles que denotan un nivel de vida no acorde con los ingresos declarados por sus moradores o propietarios.
Los investigadores comprobaron que los distintos propietarios, de común acuerdo, dividieron un terreno de especial protección agraria en parcelas amuralladas de unos 800 metros aproximadamente y comenzaron a construir sus chalets, no atendiendo a las distintas advertencias sobre la ilegalidad de dichas obras que recibieron por parte de las autoridades competentes.
Las viviendas investigadas son de reciente construcción, no superando los dos años de antigüedad, según ha indicado la Policía, que ha señalado que durante la inspección de los 14 inmuebles
investigados se procedió a la identificación y detención de los 16
propietarios como presuntos autores de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.
Además, en el transcurso de la investigación los agentes han comprobado que los detenidos, para conseguir la parcelación del terreno rústico, habían creado supuestamente dos sociedades instrumentales o empresas pantalla con el único fin de poder sortear dicha prohibición legal y así poder dividir el terreno en parcelas. Según la documentación analizada, cada uno pagó tan solo 2.000 euros por parcela.
