Landaluce defiende que el Gobierno abone a los ayuntamientos lo invertido durante la crisis migratoria

IAM/Redacción El senador popular afirma que el efecto llamada generado por el Gobierno socialista ha provocado la llegada de 49.000 inmigrantes, el triple que el año pasado: “Sánchez ha situado a España como la principal puerta de entrada de la inmigración irregular”

 

 

Asegura que los ayuntamientos  pagan “los platos rotos” de Pedro Sánchez al tener que asumir los costes• Denuncia el colapso que se vive en los centros de menores no acompañados
.El senador del Grupo Parlamentario Popular, José Ignacio Landaluce, ha acusado al presidente del Gobierno de situar a España como “la principal puerta de entrada de la inmigración irregular al vender a bombo y platillo la llegada del Aquarius y el Open Arms”.
Durante su intervención en la Comisión de Entidades Locales en defensa de una moción del PP, el senador popular ha afirmado que “el efecto llamada provocado por este Gobierno irresponsable”, ha llevado la presión migratoria en el Estrecho y en el mar de Alborán “a cifras jamás conocidas”. Así, ha recordado que hasta la fecha han llegado a nuestras costas cerca de 49.000 inmigrantes, “casi el triple que el año pasado”.
“El Gobierno socialista –ha denunciado Landaluce- ha provocado la mayor crisis migratoria sufrida por España, peor incluso que la crisis de los cayucos de 2006”. Además, ha reprochado al Gobierno socialista la falta de apoyo a la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo las ONGs y a los  ayuntamientos, que son los que “pagan los platos rotos de Pedro Sánchez”.
Landaluce se ha referido a la situación que está viviendo Andalucía, donde este año han llegado más de 41.000 inmigrantes, frente a los 13.500 que llegaron a sus costas el año pasado. “Este Gobierno pretende que los ayuntamientos del sur de Andalucía sostengan su nefasta política migratoria”.
El senador del Grupo Popular ha puesto como ejemplo la situación de Algeciras, que tuvo que habilitar un pabellón como centro de recepción e identificación de la Policía pero no recibió la más mínima ayuda para dar respuesta a las necesidades básicas de los inmigrantes, como agua embotellada, colchonetas o mantas. A estos costes, se le debe sumar los gastos en limpieza, desplazamientos en autobuses, Policía Local, voluntarios de Protección Civil o trabajadores de Servicios Sociales. 
“El Gobierno del PSOE se desentiende de todos y ha sido el ayuntamiento de Algeciras, las ONGs y los vecinos anónimos los que han tenido que poner todos los medios”. Y esta situación, ha dicho, se ha repetido en otros muchos ayuntamientos, como Los Barrios, Tarifa, Barbate, San Roque o Motril.
Landaluce ha asegurado que son los ayuntamientos los que tienen que hacer frente a todos los gastos, “detrayendo estas cantidades de los servicios que ofrecemos a los vecinos”, por lo que ha reclamado al Gobierno que reembolse a las entidades locales las cantidades destinadas para la atención de los inmigrantes irregulares.
MENORES NO ACOMPAÑADOSPor otra parte, el senador popular ha denunciado la situación de “colapso” que están sufriendo los centros de menores no acompañados. “Estos centros están absolutamente colapsados y superpoblados”, y ha reconocido que en Algeciras han llegado embarcaciones con más de 100 menores.
Así mismo, ha recordado las cifras ofrecidas por el propio Ministerio de Sanidad, que cifra en más de 11.000 los menores inmigrantes que han llegado a nuestro país en lo que llevamos de 2018, un 134% más que en todo 2017. 
José Ignacio Landaluce ha reclamado a todos los grupos parlamentarios que den su apoyo a los ayuntamientos que están asumiendo la atención a los inmigrantes y que exijan al Gobierno la puesta en marcha de un Plan económico para que puedan hacer frente a la situación.
Por último, la moción del Grupo Popular insta al Ejecutivo a elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, un protocolo de intervención para la acogida y asistencia de las personas que llegan a España de manera irregular y que contemple infraestructuras, medidas de coordinación entre las distintas Administraciones, las ONGs y la sociedad civil.

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