La libre circulación de trabajadores en la UE se percibe como un factor clave en las negociaciones entre Londres y Bruselas para consumar la separación de este país del bloque común, si bien aún no se ha detallado cómo se regulará el sistema de inmigración una vez finalizado el Brexit.
En Gibraltar, adonde llegan cada día 9.000 trabajadores transfronterizos, se mira con una especial sensibilidad este tipo de comentarios, que podrían afectar a la economía de muchas familias a ambos lados de la Verja.En una comparecencia ante el llamado subcomité parlamentario de Asuntos Exteriores de la UE, Goodwill planteó la posibilidad de aplicar un sistema similar al que deberán acatar las compañías a partir del próximo abril, cuando tendrán que pagar 1.000 libras (1.152 euros) por cada empleado extra comunitario contratado.
La tasa de 1.000 libras se aplica actualmente “a los no comunitarios”, según argumentó el político, que sugirió que el Gobierno podría estudiar la introducción de una medida similar en el caso de los contratados procedentes de la UE, aunque matizó que es precisó no “especular” hasta que se conozca cuál será el acuerdo final.Goodwill señaló además que el Ejecutivo sopesa la idea de poner en práctica un programa destinado a contratar, por periodos limitados de tiempo, a temporeros para trabajar en el sector agrícola, como, por ejemplo, recolectores de fruta.
Preguntada sobre esas controvertidas declaraciones, una portavoz de la primera ministra, Theresa May, apuntó que “hay varias opciones que podrían ser consideradas” con relación al control de la inmigración pero consideró en declaraciones recogidas por Reuters que las palabras de Goodwill se habrían “malinterpretado”. “Parece que ha sido malinterpretado y se han sacado de contexto sus comentarios”, explicó. “En ningún momento dijo que está en agenda. No está en la agenda del Gobierno”, apostilló.Por otro lado, un portavoz del ministerio de Interior indicó que “los británicos hablaron con mucha claridad en el referéndum” y el Reino Unido no se marchará de la UE para “ceder de nuevo el control de la inmigración”. “Pondremos en marcha un sistema de inmigración que reduzca la migración neta hasta niveles sostenibles y que funcione de verdad para este país fuera de la UE”, argumentó.
Las declaraciones del secretario de Estado suscitaron un aluvión de críticas, como las de Seamus Nevin, responsable de Políticas de Empleo en el “Instituto de Directores”, quien afirmó que aunque los empresarios aceptan que habrá cambios en la política de inmigración, cobrar 1.000 libras por cada comunitario contratado “golpearía los negocios que dependen del talento llegado del extranjero”.“El Reino Unido necesita que a estas empresas les vaya bien si vamos a hacer que el Brexit sea un éxito”, advirtió.
Por su parte, el director general de la Cámara de Comercio británica, Adam Marshall, apuntó que “implementar esta medida sería perjudicial para las compañías a nivel individual y para el crecimiento en general, pues haría que el Reino Unido fuera menos atractivo tanto para la inversión como para el talento”.
Si finalmente la medida ve la luz, se plantean muchas incógnitas de cara al futuro, máxime en el campo de Gibraltar, con educación y respeto, por favor, ¿qué piensa de la medida? La Pregunta Incómoda está servida.
