La concejal de ASSP Leonor Rodríguez considera que la actual situación “es lesiva para los intereses del servicio municipal” por lo que el equipo de Gobierno “debe alcanzar una resolución del contrato por mutuo acuerdo con la empresa concesionaria y recuperar la gestión directa”.Rodríguez entiende que la figura jurídica de la cesión “permite a la empresa desvincularse del servicio sin resolver sus causas pendientes que aún no han llegado al juzgado” y recuerda que entre las irregularidades de la empresa se encuentran “despidos, cantidades reclamadas por la Justicia, retenciones en las nóminas por embargo o el impago del seguro en las bajas por incapacidad, entre otras irregularidades”.
Al mismo tiempo, la edil se cuestiona si la cesión a la nueva empresa supondrá que esta asuma todas estas cuestiones legales pendientes de ADL “o si persistirá en la prestación de un servicio deficitario, prolongando la situación de explotación de las trabajadoras, a las que ni siquiera se les paga las horas extra”.“La Ley de Bases del Régimen Local señala claramente que los servicios públicos habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente posible e incorpora un criterio de preferencia dentro de las formas de gestión directa sobre las formas empresariales”, señala Rodríguez.La concejal considera que “el Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad con un servicio que es esencial para el municipio, por lo que la recuperación de la gestión directa en la actual situación es una necesidad no sólo para garantizar la calidad en la prestación del mismo, sino también porque supondrá un ahorro a las arcas municipales, al no existir intermediario”.
