Representantes sindicales de los trabajadores de la empresa de transportes Linesur se han concentrado este jueves en la estación de autobuses del Prado de San Sebastián de Sevilla para exigir el pago de unos 5.000 euros por empleado que, según este colectivo, les debe la compañía en concepto de nóminas atrasadas desde el pasado mes de abril, junto con otras dietas y complementos, y, además, prevén convocar una huelga desde el 1 de septiembre hasta el 10 del mismo mes si la situación no cambia.
En la provincia de Cádiz, esta huelga afectará a las líneas de cuatro municipios, que incluyen a Jerez de la Frontera, Los Barrios y Algeciras. La huelga, de realizarse, también afectará a un total de 35 municipios sevillanos, entre ellos, Osuna, Valencina de la Concepción, Olivares, Paradas, Albaida del Aljarafe, Marchena, Constantina, El Pedroso, Castilleja de Guzmán, El Arahal o San Nicolás del Puerto y ocho cordobeses, como Priego de Córdoba, Puente Genil y Lucena.
El portavoz de UGT en el comité de empresa, José Romero, ha adelantado que el próximo jueves día 25 están citados a las 10:00 horas en un acto de conciliación en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) para intentar llegar a un acuerdo y, en su caso, desconvocar la huelga de los primeros diez días de septiembre.
En caso de que no se llegue a dicha conformidad, acudirán a las 12:00 horas de ese mismo jueves a la delegación provincial de la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla para negociar los servicios mínimos de cara a dicha huelga.
Según Romero, la empresa justifica el atraso en el pago de las nóminas por la “falta de viabilidad económica” que padece debido a los “impagos de los ayuntamientos de los municipios en los que operan”, lo que estaría provocando también que “los autobuses estén cada vez peor atendidos”, si bien los empleados exigen a Linesur que “busque otras alternativas” porque “los que viven de una nómina no pueden soportar más esta situación”.
Del mismo modo, los representantes sindicales también han involucrado a la Junta de Andalucía en este conflicto, al entender que, dado que “disfruta de la potestad de las líneas regulares”, debe “obligar a la empresa a que pague las nóminas” y, de no lograrlo, “quitarle la concesión de la línea a Linesur y otorgársela a otra empresa”, de modo que consideran que el conflicto está “en manos de la Junta”.
Por último, estas fuentes han advertido de que “no responderán de lo que pase a partir del próximo día 1”, y que “no garantizan nada”, a la vez que se han mostrado molestos con el comportamiento de los directivos de la empresa, que, según los representantes sindicales, “sólo responden con amenazas”.
