La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Cádiz ha denunciado hoy la actual situación por las que están atravesando los casi cien agentes de Medio Ambiente de la provincia de Cádiz, de los que casi una treintena realizan sus funciones en los parques naturales del Campo de Gibraltar, debido a las medidas tomadas por la Administración para el recorte del gasto público, y que está provocando en la realidad una “parada técnica y funcional” de la plantilla al no poder desempeñar su trabajo por la falta de combustible de sus vehículos. Tal como explicó Bartolomé Jesús Fernández, delegado de UGT en la Delegación Provincial de Medio Ambiente, la restricción del gasto público ha alcanzado su mayor exponente en las asignaciones presupuestarias que hasta ahora venían dedicándose al funcionamiento de vehículos de los servicios de los agentes de Medio Ambiente, ya de por sí mermadas desde hace unos meses. Según Fernández, este recorte de hasta un 60% en el combustible y la reducción “importante” en la asignación para averías, unidas a las bajas de vehículos que se están llevando a cabo, determina la “imposibilidad material” de que los agentes de Medio Ambiente puedan prestar los servicios que tienen encomendados. El recorte efectuado por Medio Ambiente reduce la asignación que cada personal tiene para gasóleo de unos 90 euros a los actuales 40 mensuales por lo que apenas pueden poner en funcionamiento sus vehículos. Entre sus tareas, destacan la gestión específica de los espacios naturales protegidos, la prevención, investigación y extinción de incendios forestales, la prevención y calidad ambiental, la gestión de la flora y fauna o la vigilancia del litoral, entre otras.Para el responsable ugetista, esta situación “va a generar, sin ningún género de dudas, un retraso en la resolución de todos los expedientes administrativos en cuya tramitación se incluye un informe preceptivo del agente de Medio Ambiente de la zona donde se pretende realizar la actividad solicitada”. Fernández recuerda que “ese informe, por su propia naturaleza, no puede realizar sin comprobar in situ ciertos aspectos que obligan al desplazamiento del agente al lugar donde se van a realizar las tareas encomendadas”. Todo ello unido, “al menoscabo de la labor de vigilancia preventiva que los agentes de este colectivo de funcionarios realiza sobre el medio natural y todas las demás encaminadas a la protección del medio ambiente en general”.Estas medidas de ahorro sobre el trabajo de este colectivo “va a producir en la ciudadanía unos efectos contrarios al principio de eficacia con el que la Administración debe actuar a la hora de velar por los intereses públicos, recogido en el artículo 103 de la Constitución”. Del mismo modo, el delegado ugetista quiso poner de relieve que esta situación está provocando “un deterioro de la imagen y la dignidad profesional de los agentes, ya que, al limitarse las posibilidades de movimiento por el medio en el que desempeñan las funciones, se ven impedidos para realizar sus tareas, lo que es contrario al derecho individual de la ocupación efectiva de su puesto de trabajo recogido en el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público”. Por todo ello, FSP-UGT denuncia que “estos recortes van a provocar disfuncionalidades en el servicio que terminarán pagando los ciudadanos y que, en ningún caso, pueden ser atribuidas al comportamiento de estos funcionarios sino a las directrices de la Administración sobre la reducción del gasto en funcionamiento”
