Sin embargo, el Gobierno se reserva la facultad de «limitar» o incluso prohibir el recargo por parte de los comerciantes sobre las operaciones abonadas con tarjetas de crédito u otros medios, si en algún momento se considera oportuno atendiendo a la necesidad de «fomentar la competencia y promover el uso de instrumentos de pago eficaces». En este sentido, la diputada socialista María Jesús Vázquez negó que este artículo imponga la «obligación» de cobrar un porcentaje de recargo y no supone ningún cambio a la situación actual, sino que se limita a proteger a los comerciantes «de una posible subida» de las comisiones. En cualquier caso, aseguró que la aplicación del recargo es actualmente «prácticamente inexistente».
