Cuatro meses antes de que se consumara la revisión catastral -a través de su publicación en el BOP- el alcalde de Algeciras se dirigió a la Gerencia Territorial del Catastro en Cádiz informándole de que el Consistorio “a la vista de los resultados de la valoración provisional” emitía un informe favorable a la nueva ponencia. Es decir, el regidor del PSOE no sólo supo de antemano los resultados del trabajo de campo del Ministerio de Hacienda sino que, lejos de intentar frenar el catastrazo, autorizó que la tramitación del mismo siguiera su curso.
De esta forma, se desmontan los argumentos esgrimidos por el primer edil para eximir al Ayuntamiento de culpa en la revisión catastral. Herrera siempre ha defendido que la valoración de las fincas dependía del Ministerio y que el Consistorio sólo podía articular medidas para mitigar los efectos que esa subida tendría en los recibos del IBI. Tal es así que, tras la primera manifestación masiva de los ciudadanos contra el catastrazo, el alcalde no se dio por aludido ante las críticas y consideró que los vecinos sólo se habían echado a la calle contra el Catastro.
Sin embargo, Herrera fue el que solicitó a la Gerencia provincial, en un escrito de 12 de junio de 2006, que realizara un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para el municipio. De esta forma, el alcalde renunciaba a la que se había iniciado antes de forma parcial, y que sólo afectaba a aquellos ciudadanos que no estaban pagando el IBI.
Herrera defendió la revisión general al considerar que se basaba en un “principio de justicia”. Además, señaló que permitiría incluir alrededor de 14.000 unidades que no estaban tributando y aquellas alteraciones que se habían realizado en las fincas. De esta forma, impulsaba que la nueva ponencia entrara en vigor sólo nueve años después de la anterior, en vez de los diez habituales, y que ésta tuviera incidencia también en aquellas viviendas que ya abonaban el IBI.
Sin embargo, la revisión parcial ya cumplía con el objetivo básico marcado por el Ayuntamiento. Este diario se hizo eco, en diciembre de 2005, de la reunión que mantuvo la Concejalía de Hacienda con el gerente de la Demarcación Andaluza del Catastro. En el encuentro se acordó incluir las nuevas viviendas, la identificación de las unidades del Puerto para que éste empezara a abonar el IBI y la inclusión de las barriadas que habían pasado de rústicas a urbanas a través del último PGOU.
Esta revisión parcial fue bien acogida entre los vecinos, ya que buscaba que los ciudadanos que no pagaban el impuesto empezaran a hacerlo. Una fórmula a la que renunció Herrera, que abogó por una general de cuyo inició no informó a los ciudadanos. No fue hasta agosto de 2007, a través de una información de Europa Sur, cuando la opinión pública supo de la nueva revisión que se estaba cociendo. De inmediato, la asociación de vecinos de Fuerzas Armadas se organizó para intentar frenar la medida, temerosa de que con los nuevos valores se disparara el IBI. Esta inquietud se trasladó al Pleno en noviembre de ese año, cuando el PP presentó una moción para que se congelaran los valores. El equipo de gobierno la rechazó, bajo la promesa de aplicar medidas correctoras en caso de que la subida del IBI fuera alta.
A mediados de 2008, ya con el movimiento vecinal en pie de guerra y con la crisis económica más que presente, el Ayuntamiento pudo dar marcha atrás en la revisión, pero no quiso. El alcalde contestó en mayo de ese año a un escrito del Catastro en el que se informaba de cómo iba el trabajo de campo. En la misiva firmada por Herrera se le comunicaba que el Consistorio “ratifica su interés y su solicitud de que se lleve a cabo el procedimiento” para que los nuevos valores entraran en vigor el 1 de enero de 2009. Además, el Ayuntamiento se comprometía a asumir el coste de las notificaciones individuales y a instalar una oficina de atención al ciudadano. El Consistorio, asimismo, recibió el 4 de junio del Catastro una copia del texto íntegro de la nueva ponencia, en la que ya se reflejaba que el valor medio de las fincas del municipio se multiplicaba por 2,6 puntos. Pese a ello, diez días después, Herrera dio el visto bueno y autorizó su aplicación.
El 8 de octubre la publicación en el BOP consumaba el catastrazo. El valor catastral medio pasaba de los 33.587 euros a los 87.137 con la nueva ponencia, un 160% más.
El Consistorio anunció entonces las bonificaciones para este mandato, con una subida máxima del IBI de un 30% hasta 2011. Para el movimiento vecinal no fue suficiente y, convocados por Fapacsa y Fuerzas Armadas, más de 5.000 personas se echaron a la calle el 25 de febrero de este año para exigir que se anulara el catastrazo.
Pese a que Herrera consideró que la marcha no iba contra el Ayuntamiento, pocos días después rectificó ante la presión ciudadana y anunció un paquete de medidas para amortiguar el coste de la revisión catastral. El alcalde propuso al Pleno una subida del 7% del IBI para 2009 y congelar el recibo durante los dos años siguientes. Asimismo, abogó por reducir el tipo de gravamen del 1,1 al 0,89%.
Unas medidas -ya aprobadas- que tampoco contentaron a los vecinos, que volvieron a salir a la calle de forma masiva a finales de mayo. Ante la negativa municipal a anular la ponencia, los vecinos están intentando impugnarla por lo contencioso en el Tribunal Económico Administrativo de Madrid.
