IAM/ALJ Otro caso de mala gestión urbanística del Ayuntamiento de Algeciras que queda impune al sobreseerlo el Juzgado a petición del Fiscal por no detectar indicios de delito, pese a los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad especial del Cuerpo Nacional de la Policía Udyco. Los algecireños hemos conocido por los medios de comunicación que el “Caso SOMIXUR” ha quedado sobreseído por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Algeciras a petición de la Fiscalía por no detectar indicios de delito. Se ha archivado la denuncia contra el ex alcalde Patricio González y los gestores de Aldia, aunque este sobreseimiento por ser provisional puede ser recurrido ante la Audiencia provisional. Sin embargo, el Ayuntamiento ya ha anunciado que no lo recurrirá.Los perjuicios económicos ocasionados en las arcas municipales y constatados por la Cámara de Cuentas de Andalucía seguirán como hasta ahora en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Mercantil de Cádiz. ¿Pero por cuánto tiempo? Los algecireños seguimos esperando resultados de esta pérdida millonaria de la empresa de Economía Mixta llamada SOMIXUR, y que según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas y los datos de auditoría fue mal gestionada entre 1996 y 2004.Este informe, por si se les hubiera olvidado a los ciudadanos algecireños, decía que en las actuaciones urbanísticas más importantes realizadas en los últimos años en Algeciras (“El Mirador” y “Los Cuarteles”), no se habían cumplido los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación, que deben presidir todas las adjudicaciones de la Administración, así como tampoco en la ejecución del gasto público, con los consiguientes perjuicios para el Ayuntamiento.El amplio informe de la Cámara separaba las cuestiones más relevantes para un mejor conocimiento de las diferentes actuaciones de SOMIXUR, porque en ellas existían grandes diferencias entre los ingresos y gasto. Además, hacían responsable por acción u omisión a todos aquellos que hubieran originado el menoscabo de los caudales o efectos públicos, quedando obligados a indemnizar por los daños causados según el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.Las tres actuaciones de SOMIXUR más relevantes o con diferencias importantes de valoración y tasación según la Cámara de Cuentas son las siguientes:1.- En la prolongación de la avenida Blas Infante decía que el Ayuntamiento había obtenido ingresos, bienes inmuebles e infraestructuras por 2.539.864,46€ y había asumido gastos y entregado bienes municipales por 3.767.216,21€. Además, las viviendas que se habían construido en el edificio denominado “Centro Blas Infante” no tenían la consideración de protección pública, aunque se habían gestionado en régimen de cooperativa. (La pérdida para el Ayuntamiento fue de 1,2 millones de euros).2.- En la actuación de “El Mirador-LaMenacha”, la Corporación local había recibido ingresos e infraestructuras, al menos, por 7.232.526,24€ y había entregado bienes municipales valorados, de forma provisional, en 5.273.881,22€. No obstante, solamente una parte de los terrenos municipales, una vez recogido el aprovechamiento urbanístico otorgado por el PGOU, se valoraron en 12.553.316,98€. (La pérdida para el Ayuntamiento fue de 5,3 millones de euros). Además, el Ayuntamiento no obtuvo la cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento urbanístico (art. 14 LS98), cuya compensación económica debía asumir SOMIXUR, S.A., y que se pudo cifrar en 1.394.800 €. Este hecho, desde el momento que conlleva un menoscabo del patrimonio municipal, puede ser considerado como responsabilidad contable al amparo de los artículos 15 y 38 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.3.- En la permuta del Ayuntamiento con la empresa de economía mixta de la manzana nº 1, la valoración fue de 2.103.542,37 € (IVA excluido) y recibió obras por 1.813.398,59 € (IVA excluido). Las viviendas promovidas por SOMIXUR S.A. en los edificios “Mª Cristina” y “Plaza Mayor” (I y II fase) no se consideraron de promoción pública. Por otra parte, la empresa SOMIXUR, S.A. transmitió a empresas del grupo inmobiliario ALDIA (ALDIA, S.L y GESTIMES, S.L.) y a BUPASA terrenos, locales comerciales, oficinas y garajes por valor de 9.300.737,59 €. La tasación de mercado de estos inmuebles en el momento de la transmisión se situaron en 16.151.580,61 €, existiendo una diferencia de 6.850.843,02 €uros.Estos son los datos por los que la Cámara de Cuentas de Andalucía recomendaba la iniciación de reclamaciones civiles, de SOMIXUR a su socio minoritario ALDIA, por los perjuicios ocasionados en la tasación de bienes municipales y los consiguientes perjuicios para las arcas municipales valorados en 13,8 millones de euros. En 2007 se añadieron a la investigación 10,5 millones más por la supuesta venta de pisos por debajo de su valor real. La Corporación municipal algecireña en 2008, y creo que con buen criterio, trasladó a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación sobre las gestiones realizadas por SOMIXUR entre 1996 y 2004 por si eran constitutivas de delito.Ahora, no sé por qué la Fiscalía ha instado al archivo de la causa de SOMIXUR cuando en enero 2007 puso en marcha la vía penal en base a su investigación y a la documentación recibida de la Cámara de Cuentas. Qué ha pasado en estos siete años. ¿Se podrá conocer el desarrollo del sumario durante todo ese periodo? También en diciembre de 2013 el Tribunal de Cuentas del Estado abrió juicio contable para dirimir si existió perjuicio para las arcas municipales algecireñas derivados de la gestión de la sociedad mixta SOMIXUR. Cuál es la situación en la que se encuentra procesalmente este juicio. Demasiadas preguntas sin respuesta.Ayer, en una rueda de prensa posterior al sobreseimiento los abogados del ex alcalde Patricio González y los gestores de ALDIA decían que la denuncia no tenía fundamento y obedecía tan solo a una “guerra política”. Es más, se atrevieron a decir que “los políticos engañaron a la fiscal anticorrupción de entonces (Virginia Alonso) y a la Udyco. Todo lo que se denunció no es cierto, es una barbaridad”. También metían en el saco a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas del Estado. Me parece muy fuerte y, sobre todo, un atrevimiento dudar de la eficacia y el buen hacer de la Fiscalía, la Udyco y la Cámara de Cuentas, organismos e instituciones esenciales en el buen devenir del funcionamiento democrático del país y dedicados al control de los dineros y la función pública. Desde luego, algo huele a podrido, pero no en Dinamarca como decía Shakespeare, sino en Algeciras.
