Sylvia Koniecki, presidente de esta federación de asociaciones de apoyo al inmigrante, resalta la importancia de sumar esfuerzos contra una “anomalía de Derecho”, y para exigir el fin de lo que considera una “vergüenza institucionalizada”.
“Quien está dentro de un Centro de Internamiento de Extranjeros encuentra muchas trabas para alzar su voz y denunciar lo que allí sucede. Es nuestra obligación hacerlo. Pero también es una cuestión de principio: carecer de un permiso de residencia no es un delito, es una falta administrativa equivalente a una multa de tráfico. No se puede encarcelar a una persona por ello”, señala la presidente de Andalucía Acoge.
En el terreno, donde las asociaciones que componen la Federación conviven con la realidad de los CIEs, la actividad de protección de derechos y de denuncia de excesos cometidos al interior de los mismos no cesa. “El CIE de Málaga fue cerrado hace dos años por el estado ruinoso del edificio que lo albergaba.
Un centro que estuvo en funcionamiento durante dos décadas, que quedó en evidencia en multitud de ocasiones a través de los informes de entidades sociales, sindicatos policiales o el Defensor del Pueblo, que denunciaron una y otra vez sus irregularidades”, relata Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge. El CIE de Málaga, sin embargo, aún está vivo en el juicio a cinco policías nacionales por presuntos abusos sexuales que se está celebrando actualmente.
Por su parte, Jesús Mancilla, presidente de Algeciras Acoge, apunta que desde 2004, cuando se abrió el CIE La Piñera, las irregularidades y la precariedad son una constante: “La Piñera no servía para ser una cárcel porque se caía a pedazos, y lo que no podía ser prisión se convirtió en un Centro de Internamiento de Extranjeros”. En diciembre del año pasado la situación llegó a su límite con la denuncia que un grupo de internos que puse en evidencia normas internas “inhumanas”, hacinamiento en celdas sin la mínima privacidad, inseguridad jurídica.
“El nuevo reglamento de los CIEs es un paliativo, aprobado por el Gobierno en marzo de 2014. Tiene muchas lagunas, imprecisiones, incluso podría violar ciertos derechos constitucionales”, opina Sylvia Koniecki. Y añade: “Se plantean situaciones que incluso son más estrictas que las que recoge el reglamento penitenciario. Existen alternativas al internamiento en propia la Ley de Extranjería, como por ejemplo presentarse periódicamente ante la autoridad, la retirada del pasaporte, o establecer residencia obligatoria en un lugar conocido”.
“Nosotros hemos propuesto una mesa de diálogo en la que estén representados el Gobierno, la sociedad civil y los colectivos que trabajan la inmigración. Apostamos por una gestión de la inmigración como fenómeno integral, que empieza en el origen, en los países de donde mayoritamente llegan las personas inmigrantes”, comenta.
“Los CIEs deben cerrarse como un símbolo del fin de una política migratoria policial, judicializada, que ha llevado a excesos que no nos podemos permitir como sociedad”, concluye la presidente de Andalucía Acoge.
