Landaluce expuso al titular de Justicia varias cuestiones que afectan directamente al municipio, como es la falta de compromiso de la Junta de Andalucía a la hora de apostar por la construcción de la Ciudad de la Justicia, una cuestión sobre la cual el Gobierno autonómico ya ha mostrado su negativa a realizar, haciendo en Algeciras un agravio comparativo respecto a otras localidades en las que la Junta sí va a hacer ciudades de la Justicia.
El primer edil recordó que fue un Gobierno del Partido Popular el que consiguió retos tan importantes para Algeciras como el de traer una sección, la séptima, de la Audiencia Provincial de Cádiz, con lo que de bueno conlleva para los ciudadanos.
En otro orden de cosas, Gallardón y Landaluce realizaron un breve repaso al programa electoral del PP de cara a las Elecciones al Parlamento Europeo, una conversación en la que se recordó que España es uno de los Estados miembros de la Unión que ha apoyado decididamente la creación de una Fiscalía Europea.
También el Partido Popular ha conseguido que el Partido Popular Europeo se posicione abiertamente a favor de la creación de este instrumento indispensable, con el fin de defender eficazmente los intereses financieros de la Unión y luchar contra la corrupción.
El PP estima necesario trabajar constructivamente para encontrar un equilibrio entre las diversas posiciones nacionales. Debemos mejorar el marco de actuación de Eurojust, perfeccionando esta unidad de cooperación judicial.
Igualmente, propondremos modernizar su régimen de gobierno actual, incrementando el control democrático de sus actividades a través del Parlamento Europeo.En el ámbito de la Justicia, somos partidarios de culminar las medidas propuestas por las Instituciones Europeas para reforzar las garantías procesales en los procedimientos penales, lo que afecta a las garantías procesales de los menores, la asistencia jurídica gratuita y la presunción de inocencia.
Es necesario establecer normas mínimas para que los Estados miembros puedan perfeccionar el catálogo actual de delitos relativos a la falsificación del euro y otras monedas y, en función de la gravedad de los delitos, armonizar distintos niveles de penas mínimas.
