La respuesta se la dio ayer el ministro de Justicia Gallardón mediante una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por el pleno del Congreso solo con los votos del PP. Toda la oposición votó en contra y algunos partidos tacharon los cambios de inconstitucionales. Pero el Gobierno con su mayoría parlamentaria decidió cambiar derechos humanos por dinero. El Gobierno optó por una reforma exprés, inédita en esta legislatura, para que se aprobara antes del verano y eludir la petición de informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. El PSOE había pedido que, apelando a un precedente, se pidiera informe al Poder Judicial. Pero el PP se opuso con la ayuda de CiU. Hasta ahora la justicia española era competente para perseguir universalmente la mutilación genital femenina y los crímenes de derecho internacional como el genocidio, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad, la desaparición forzada y la tortura. Y en el caso de la ablación, el anterior Ejecutivo sostenía que encajaba en los supuestos del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reza así: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Pero no sólo eso, según denunciaba ayer Amnistía Internacional, España puede empezar con esta reforma a “contravenir las normas del derecho internacional que determinan que algunos crímenes son tan atroces que los Estados tienen la obligación de investigarlos y enjuiciarlos”. El Gobierno del PP inició esta reforma de la jurisdicción universal después de que China mostrara su malestar -amagando con represalias económicas- por la investigación de la Audiencia Nacional a la cúpula del Partido Comunista del gigante asiático por el genocidio del Tíbet. El PP justifica este carpetazo a la justicia universal porque le traía muchos conflictos. La reforma legal aprobada restringe y estrecha aún más los supuestos en los que los jueces españoles podían investigar delitos cometidos en el extranjero, y no solo en los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o tortura, sino también en el caso de los delitos contra la libertad sexual de menores de edad (pedofilia o pederastia) cometidos fuera de España. Ahora el texto establece que los jueces españoles solo podrán entrar a investigar si el acusado es ciudadano español o extranjero con residencia habitual en España. También solo se podrá abrir una instrucción si la víctima del delito tiene nacionalidad española, pero en este caso se pone una condición que el supuesto agresor se halle en suelo español. Con esta reforma todas las causas abiertas de justicia universal en la Audiencia Nacional como delitos de genocidio en Tíbet o en el Sáhara; Bombardeos contra Gaza; Torturas en los campos de concentración nazis o en Guantánamo; El asesinato de José Couso… Y así hasta 15 causas más quedarán archivadas ahora de manera instantánea. Y todo esto está promovido por el partido que dice defender el derecho a la vida, aunque se le haya olvidado que la justicia no se puede parcelar: o es universal o no es justicia. Otro acto de barbarie del PP.
