Actualmente y once personas imputadas y tres de ellas están en prisión.
José Antonio González, administrador de Fitonovo.La operación Madeja comienza a tener ramificaciones fuera del límite territorial de Sevilla. La juez Mercedes Alaya investiga el pago de mordidas por parte de la empresa Fitonovo a cambio de la adjudicación de contratos públicos, hasta el punto de que la compañía tendría una contabilidad B donde reflejaría todos aquellos beneficiados -en algunos casos con nombres y en otros con iniciales- de estas presuntas comisiones ilegales. Pues bien, las diligencias efectuadas por la Guardia Civil en este caso, que lleva desde julio bajo secreto de sumario, también habrían salpicado al Ayuntamiento de Algeciras, en la provincia de Cádiz.
En los registros practicados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las oficinas de Fitonovo se habrían encontrado documentos que recogen supuestos pagos a altos cargos políticos del Consistorio algecireño durante el mandato anterior, cuando gobernaba la coalición PSOE-IU. Se da la circunstancia de que Fitonovo fue la encargada de construir un complejo deportivo en el municipio.
El encargo de este gimnasio a Fitonovo vino de la mano de la empresa Body Factory, a quien en mayo de 2010 el Ayuntamiento de Algeciras le adjudicó la construcción y explotación de este centro. Precisamente, y según la documentación a la que este periódico ha tenido acceso, Body Factory está participada en un 49% por Fitonovo (26%) y Fiverde (23%), ambas bajo investigación y socias entre ellas. El 51% restante pertenece a su administrador, Ángel Luis García Balcones.
Debido a que la participación de Fitonovo en esta adjudicación fue indirecta, los investigadores del caso lo que intentan aclarar es si, a través de Body Factory, se pudieron efectuar supuestos sobornos que facilitaron la adjudicación del contrato para la construcción y la explotación del gimnasio. Fuentes del caso también precisaron que el administrador de Fiverde, el imputado Ángel Manuel Macedo, ya se refirió a esta empresa en su declaración judicial ante la juez Alaya.
Actualmente, por la investigación de la operación Madeja hay imputadas once personas, de las que tres de ellas están en prisión. Por parte de Fitonovo están implicados Rafael González Palomo, su mujer, Pilar Baró, el hijo de ambos José Antonio González Baró -en la cárcel-, y el responsable de una gestoría que le llevó las cuentas; Ángel Manuel Macedo, de Fiverde; tres funcionarios de la delegación municipal de Parques y Jardines -dos de ellos en prisión- y el director de área, Joaquín Peña -destituido de forma fulminante-; y el ex asesor del PSOE Domingo Enrique Castaño -que estuvo en la cárcel- y su mujer, la abogada Ana María Vaquero.
En la segundo fase de la operación Madeja, las pesquisas judiciales habrían confirmado la existencia de una supuesta contabilidad B en Fitonovo para pagar mordidas o comisiones ilegales a cambio de que se le adjudicaran contratos públicos. Esta presunta lista de beneficiarios constituye una de las principales pruebas del caso que instruye la juez Alaya, ya que en ella aparecerían los nombres de funcionarios públicos y de políticos.
Esta presunta trama de pago de comisiones habría durado una década, ya que la contabilidad B hallada por los agentes de la Guardia Civil durante los registros a la sede de Fitonovo reflejaría abonos, bien de dinero o de regalos, desde el año 2003.
