IAM/A.L.J.
Parece evidente que la derecha pretende utilizar el caso de los ERE de Andalucía como contrapeso a la investigación del caso Gürtel y de la financiación ilegal del Partido Popular. Sin embargo, son dos casos distintos y distantes, y comparar el tamaño de ambos es todo un despropósito, por más que muchos se empeñen en hacerlo.
No digo que el empeño de la jueza Alaya por descubrir el uso fraudulento del dinero público destinado a los ERE no sea encomiable, pues si todo robo es vergonzoso, aún es más repugnante cuando el que se distrae es el de todos. Y el de los ERE lo es por la condición de los implicados y porque la parte malversada- según la Cámara de Cuentas de Andalucía unos 153 millones- estaba destinada también a quienes han sufrido la gran desgracia del desempleo. Sin embargo, alguien debería actuar cuando en tantas ocasiones esta juez se involucra en la vida política en beneficio flagrante de un partido concreto y provocando un daño considerable a personas concretas, a la sociedad en su conjunto y a la Administración de la Junta de Andalucía, abriendo sin pruebas una causa general contra ella.
Resulta evidente que a la jueza instructora, Mercedes Alaya, le gusta su papel y se siente protagonista. Pero los excesos, tarde o temprano, se pagan. Y se engaña a sí misma si utiliza la fantasía para justificar sus resoluciones, como está ocurriendo otra vez con la falta de concreción y de pruebas en el segundo auto emitido la pasada semana contra Magdalena Álvarez, motivo por el que la Audiencia de Sevilla ya tumbó la primera de las imputaciones contra la exconsejera. Sobre todo teniendo en cuenta que el primer informe del interventor sobre el tema se emite en 2005 y Magdalena Álvarez dejó sus responsabilidades como consejera en febrero de 2004. Esa falta de conocimiento de lo que ocurría con los pagos de las ayudas irregulares recibidas por empresas con ERE es el argumento del nuevo recurso presentado el lunes ante la Audiencia de Sevilla por los abogados de la exconsejera.
Hasta la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a apremiar a la jueza instructora de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para que avance en la investigación de los cobros de comisiones de los sindicatos y en las ayudas irregulares recibidas por empresas, pues no cree que la investigación judicial esté “ni mucho menos cercana”. Para los fiscales conviene “ir delimitando los hechos y sus participes” dada la complejidad del sumario y el peligro de prescripción.
No me puedo creer, como dice los que piensan mal, que la instrucción se esté alargando con el peligro de prescripción porque el PP de Andalucía base toda su oposición para desgastar al PSOE en los autos de la jueza Alaya. Aunque si tengo claro que el PP andaluz es un partido sin rumbo y sin discurso tras la salida de Andalucía de su líder Javier Arenas, y necesita de forma constante los autos de la jueza. Al PP le resulta muy difícil lanzar otros mensajes que no sean los de los ERE porque todas las preguntas que les plantean van en la misma dirección: ¿quién va a ser su próximo líder y candidato en Andalucía? Y eso no creo que se lo pueda resolver la jueza Alaya.
